El Congreso de Sonora autorizó al Gobierno del Estado solicitar un crédito de largo plazo de hasta mil 500 millones de pesos en 2025 para financiar obras públicas en los municipios.
El presidente del Congreso del Estado, Omar Del Valle Colosio, señaló que el Gobierno estatal cuenta con la suficiencia económica para adquirir este tipo de deudas, ya que, según la Ley de Disciplina Financiera, está en condiciones de solicitar hasta 8 mil millones de pesos.
"El debate no fue necesariamente si está mal o no endeudarse, el debate no fue con respecto si el Estado o no de acceder a un crédito, creo que el debate fue más con respecto al destino de los recursos de ese crédito y nosotros creemos que fue la mayoría que aprobamos el crédito de que quien tiene una visión integral de lo que ocurre en el Estado es el Ejecutivo.
La deuda pública en Sonora ha aumentado con el paso de las administraciones:
-Armando López Nogales (1997-2003) la dejó en 5 mil 419.9 millones de pesos
-Eduardo Bours Castelo (2003-2009) en 11 mil 309.7 millones de pesos
-Guillermo Padrés Elías (2009-1015) en 22 mil 780.6 millones de pesos
-Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021) en 29 mil 715.0 millones de pesos
En el caso de Alfonso Durazo, actual gobernador, la deuda subió a 32 mil 046 millones de pesos en 2023 y actualmente se encuentra en 29 mil 755 millones de pesos.
El economista Marco Antonio Córdova consideró que la solicitud de un crédito en este momento es viable, debido a que se pronostica una disminución en las tasas de interés generales de las instituciones financieras, del 10.3% al 9% para el próximo año. Además, la reducción de la deuda general, que pasó de más de 30 mil millones de pesos a 29 mil millones, genera confianza en la capacidad de pago del gobierno ante los bancos.
"El próximo año esta tasa va a andar rondando alrededor del 9% por lo cual el costo financiero de utilizar créditos va a disminuir y en ese sentido una reestructuración financiera tiende a ser adecuada.
El economista advirtió que la solicitud de crédito es adecuada, siempre y cuando los recursos se destinen exclusivamente a inversiones en obra pública y no al gasto operativo o corriente del Gobierno de Sonora.