Aspirantes rechazados a jueces y magistrados piden revisión
La reforma judicial en México, que permitirá la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha provocado una serie de recursos de inconformidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Hasta el momento, al menos 471 aspirantes rechazados han impugnado su exclusión del proceso de selección. Estos aspirantes habían sido evaluados por los Comités de Evaluación establecidos en el marco de la reforma y considerados no aptos para competir por un puesto en el Poder Judicial Federal (PJF).
La reforma, aprobada hace unos meses, establece un proceso de selección que incluye varios filtros antes de que los aspirantes sean sometidos a un proceso de insaculación, el cual selecciona aleatoriamente a los candidatos que aparecerán en las boletas electorales. Este proceso culminará con una votación popular el 1 de junio de 2025, donde la ciudadanía decidirá quién ocupará los cargos judiciales a nivel federal.
Los aspirantes que han impugnado su rechazo buscan que la SCJN determine si fueron descalificados injustamente de este proceso
Los recursos de inconformidad fueron radicados en el Pleno de la SCJN, y se espera que en las próximas semanas el Alto Tribunal comience a revisar estos casos. A pesar de los recursos, el proceso de selección sigue su curso, y la reforma judicial continuará con los pasos previstos para garantizar una transición hacia un sistema judicial renovado.
La reforma tiene como uno de sus objetivos más importantes erradicar las prácticas de corrupción y nepotismo que se han observado históricamente en el PJF. La creación de los Comités de Evaluación, que revisan la idoneidad de los aspirantes, es un esfuerzo por asegurar que los candidatos tengan los méritos y la preparación necesarias para ocupar cargos clave en el sistema judicial mexicano. No obstante, esta medida ha generado opiniones divididas. Por un lado, algunos sectores la ven como un paso hacia un Poder Judicial más accesible y transparente, mientras que otros temen que la elección popular pueda comprometer la independencia judicial, al poner a los jueces bajo la influencia de la opinión pública y los intereses políticos.
Aunque los recursos de los aspirantes rechazados son una parte fundamental del proceso, también señalan un aspecto más amplio del cambio judicial que está en marcha en México