CIDH acusa al régimen de Maduro de terrorismo de Estado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un informe detallando graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante el proceso electoral del 28 de julio
El documento denuncia una serie de acciones represivas por parte del régimen destinadas a obstaculizar la participación política de la oposición y a perpetuarse en el poder. Dicho documento se divide en tres etapas:
- Durante la fase preelectoral, el Estado venezolano implementó medidas para limitar la participación de actores opositores. Instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia fueron instrumentalizadas para detener arbitrariamente a opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Además, se registraron actos de intimidación e inhabilitación de dirigentes opositores, creando un ambiente de temor y restringiendo la competencia política.
- El día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión de resultados y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Esta opacidad generó denuncias de fraude y descontento generalizado entre la población. La oposición, anticipando irregularidades, recopiló el 83.5% de las actas a nivel nacional, las cuales, según afirman, muestran que Edmundo González Urrutia obtuvo la victoria con un 67% de los votos.
- Tras la jornada electoral, se intensificó la represión contra manifestaciones espontáneas que rechazaban el presunto fraude. Operativos como la "Operación Tun Tun" resultaron en al menos 25 muertes, más de 2,000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones masivas, empleando violencia sistemática contra los manifestantes.
El informe de la CIDH subraya que estas violaciones son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo y de la corrupción que ha permitido al régimen actuar con impunidad
La CIDH insta al régimen venezolano a cesar de inmediato la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, y a liberar a todas las personas detenidas injustamente. Además, recomienda restablecer el orden constitucional, reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos, publicar todas las actas de votación y permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional.
La comunidad internacional también es llamada a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, mantenerse alerta ante posibles escaladas represivas y activar canales diplomáticos e institucionales para promover el retorno de la democracia en el país.
La CIDH, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región. Está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes actúan a título personal y no representan a sus países de origen o residencia
Este informe se suma a una serie de denuncias internacionales sobre la situación en Venezuela. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado prácticas de desaparición forzada, tortura y otras violaciones de derechos humanos como parte de una política de represión estatal.
La situación ha generado preocupación en diversos países. Recientemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la detención del suboficial argentino Nahuel Gallo en Venezuela, calificándola como un "crimen de lesa humanidad" y exigiendo su liberación inmediata.
En respuesta a estas denuncias, el régimen de Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones, calificándolas de injerencia en los asuntos internos del país. Sin embargo, la presión internacional continúa en aumento, con llamados a sanciones y medidas diplomáticas para abordar la crisis venezolana