La justicia de Bolivia emitió una orden de arresto contra Evo Morales por trata de menores durante su mandato (2006-2019). El expresidente fue declarado prófugo tras no presentarse a ninguna de las audiencias.
"Se dispone (que) se libre el mandamiento de aprehensión en contra del imputado (Evo Morales)", dijo este viernes Nelson Rocabado, juez de Tarija (sur), al dar a conocer su resolución en una audiencia pública y transmitida por el canal estatal de televisión.
La fiscalía, que acusó formalmente a Morales del delito de trata de personas, ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a una sede del Ministerio Público a declarar.
La nueva orden de aprehensión es para que sea conducido ante el juez que dirige la causa.
Durante la audiencia, el juez también declaró "rebelde" al líder cocalero.
"Está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca", dijo a la prensa Sandra Gutiérrez, fiscal a cargo del caso, al término de la diligencia.
Además, el juez congeló sus bienes y prohibió su salida de Bolivia.
La audiencia se llevaría a cabo el martes, pero Morales no se presentó. Sus abogados alegaron problemas de salud.
La defensa presentó certificados que le diagnosticaban bronconeumonía y bradicardia.
Sin embargo, el juez rechazó esos informes. Según Gutiérrez, los documentos médicos presentados por la defensa y evaluados por el juez "no son impedimentos jurídicos valederos" que justifiquen su inasistencia.
Según el Ministerio Público, Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente. Los padres de ella consintieron la unión en un intercambio de favores. Fruto de la relación nació una hija un año después.
De acuerdo con el expediente, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor".
Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020.
En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de 14 a 18 años. Esta vez la fiscalía se concentra en un caso de presunta trata.
De ser condenado, Morales podría pasar de 10 a 15 años de prisión.
Aunque su paradero es público, la policía aún no ha ejecutado la orden de aprehensión de la fiscalía.
El expresidente se encuentra desde septiembre en el Trópico de Cochabamba, su feudo político en el centro del país, bajo la protección de sus partidarios, que aseguran haber montado varios "anillos de seguridad" para impedir su detención.
"La seguridad del hermano Evo, en este momento" está a cargo de más "de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas", dijo el miércoles a la AFPVicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los hombres más cercanos al ex jefe de Estado.
Desde que salió a la luz el proceso, Morales asegura que es víctima de una "brutal guerra jurídica" orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro y exaliado.
Ambos están enfrascados en una intensa lucha por el control del partido oficialista y por el liderazgo de la candidatura presidencial de la izquierda.
Morales lo acusa de intentar "proscribirlo" de la carrera electoral de agosto próximo, aunque la justicia en noviembre restringrió sus ambiciones políticas, al limitar la reelección por más de dos gestiones de gobierno.
En esta sección, presentamos un resumen de las noticias más destacadas de la semana, abarcando temas cruciales tanto a nivel nacional como internacional:
En la corte de Brooklyn, Nueva York, se llevó a cabo la tercera audiencia de Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, quien continúa negociando con los fiscales las acusaciones de narcotráfico en su contra. Durante la audiencia, Zambada rechazó cambiar a su abogado, Frank Pérez, pese al conflicto de intereses que implica su representación conjunta con su hijo, Vicente Zambada Niebla. El juez Brian Cogan aceptó esta decisión tras explicarle las implicaciones legales. Aunque se esperaba que la Fiscalía abordara la posibilidad de solicitar la pena de muerte, este tema no fue tratado, y la siguiente audiencia quedó programada para el 22 de abril.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda a los consumidores revisar las etiquetas de los productos para asegurar que los colorantes sean naturales, ya que los artificiales pueden causar efectos negativos en la salud, como reacciones alérgicas, alteraciones neurológicas y riesgos cancerígenos. Entre los colorantes artificiales más peligrosos se encuentran la tartracina, el azul brillante y el rojo allura, que pueden generar desde problemas respiratorios hasta daño neuronal. En cambio, los colorantes naturales, como la curcumina y la clorofila, son opciones más seguras. Profeco también sugiere la elaboración casera de colorantes naturales con ingredientes como remolacha, zanahorias y espinacas, promoviendo una dieta más saludable y respetuosa con el medio ambiente.
Los incendios que azotan Los Ángeles han causado la muerte de al menos 24 personas, y las llamas siguen arrasando la región desde la semana pasada. Los bomberos luchan contra los incendios de Eaton y Palisades, con solo un 27% y un 11% de contención, respectivamente. A pesar de los esfuerzos, la situación podría empeorar debido a los fuertes vientos que se pronostican hasta el miércoles. Más de 7,000 estructuras han sido destruidas y más de 150,000 personas evacuadas. El gobernador Gavin Newsom ha movilizado más efectivos de la Guardia Nacional y firmado una orden ejecutiva para acelerar la reconstrucción. Además, se han registrado arrestos por saqueo en las zonas afectadas. La causa de los incendios sigue bajo investigación.
Donald Trump ha propuesto deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero diversos analistas señalan que esta iniciativa enfrenta importantes desafíos logísticos, legales y económicos. La mayoría de los inmigrantes provienen de México, Centroamérica, Asia y otros continentes, y su presencia se extiende por todo el país, con una concentración en estados tradicionales como California y Texas. La deportación masiva implicaría un costo de al menos 88 mil millones de dólares anuales y la necesidad de ampliar la infraestructura migratoria, como centros de detención y tribunales, que actualmente ya enfrentan un gran retraso. Además, algunos países se resisten a aceptar deportados, lo que dificultaría la ejecución del plan. Las deportaciones afectarían negativamente la economía, especialmente el PIB, y tendrían consecuencias sociales, como la separación de familias, como ocurrió con la política de "tolerancia cero" en 2018. El proceso de deportación es largo y costoso, y afecta especialmente a quienes tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficiarios de quienes temen ser deportados y separados de sus familias.
El casino Royal Yak, ubicado en Plaza Cinépolis en Culiacán, Sinaloa, fue consumido por un incendio, presuntamente causado por un corto circuito, según informó Roy Navarrete, director de Protección Civil. Durante el incidente, una persona resultó con quemaduras y dos más sufrieron crisis nerviosas. El humo generado por el fuego fue visible desde varios puntos de la ciudad. Equipos de Bomberos y Protección Civil trabajan en la zona para apagar las llamas, y se teme que los negocios cercanos puedan verse afectados.
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Rubén Oseguera González, conocido como "El Menchito", fue declarado culpable por un jurado de la Corte del Distrito de Columbia en Washington, D.C., de conspirar para traficar cocaína y metanfetaminas, así como de uso ilegal de armas en actividades delictivas
Durante el juicio, el fiscal general Merrick B. Garland también lo señaló por otros delitos graves, incluidos asesinato, secuestro, extorsión y tortura. Este caso marca el primer juicio realizado en Estados Unidos contra un miembro destacado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Rubén Oseguera fue detenido en México en 2015 y extraditado a Estados Unidos en 2020. Las pruebas presentadas en su juicio incluyeron mensajes interceptados y fotografías que lo implicaban directamente en actividades delictivas. La fiscalía calificó a "El Menchito" como un criminal extremadamente violento que desempeñaba un rol clave como mano derecha de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
Nemesio Oseguera, líder y fundador del CJNG, es uno de los criminales más buscados en el mundo
Estableció el cártel en 2009 y lo convirtió en una de las principales organizaciones responsables del tráfico de drogas a nivel global. Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura, lo que evidencia el nivel de amenaza que representa.
La condena de "El Menchito" es parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para desmantelar la estructura del CJNG. El Buró Federal de Investigación (FBI) describió al CJNG como una organización extremadamente violenta, involucrada no solo en el tráfico de drogas, sino también en actos como secuestros, asesinatos y extorsiones.
A pesar de la relevancia del caso, su juicio pasó desapercibido en los medios masivos de México y Estados Unidos. Sin embargo, la sentencia representa un golpe importante para el CJNG y una victoria para la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado transnacional