Durante 2023, uno de cada tres negocios en México fue víctima de al menos un delito, lo que equivale a 1.3 millones de unidades económicas de un total estimado de 4.8 millones a nivel nacional, según reveló la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
El Inegi reportó que durante el año pasado se cometieron 2.9 millones de delitos asociados a las unidades económicas víctimas, con una concentración promedio de 2.2 delitos por unidad. La extorsión directa, incluyendo el cobro de piso, representó el 25% de los delitos reportados, seguida por el robo o asalto de mercancías, insumos o bienes, que constituyó el 16%. En conjunto, estos dos tipos de delitos abarcan el 42% de los incidentes delictivos que afectan al sector empresarial.
Los establecimientos del sector comercio fueron los más afectados, con una tasa de victimización del 31.5%, seguidos por las industrias manufactureras (21.6%) y el sector servicios (24.2%). Las unidades económicas grandes sufrieron la mayor frecuencia de delitos, con un promedio de 4.1 incidentes por unidad víctima, mientras que las microempresas reportaron la menor incidencia con 26.3% de afectación.
El costo total de la inseguridad y los delitos para las empresas alcanzó los 124.3 mil millones de pesos en 2023, equivalente al 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB). Este impacto económico incluye los gastos en medidas preventivas, estimados en 67.2 mil millones de pesos, así como las pérdidas ocasionadas por los delitos. El costo promedio del delito por unidad económica ascendió a 54,451 pesos, considerando tanto las pérdidas materiales como los desembolsos en protección.
Además del impacto financiero directo, la inseguridad también afecta la inversión y la operación de las empresas. Según el Inegi, el 15% de las unidades económicas canceló planes o programas de inversión tras ser víctima o para prevenir serlo. Asimismo, una de cada cinco empresas redujo sus horarios de atención o producción debido a problemas de seguridad, lo que contribuye a una disminución de la actividad económica.
Un aspecto preocupante es la baja proporción de delitos denunciados. Durante 2023, solo el 12.2% de los delitos fueron reportados a las autoridades, de los cuales en el 79.4% de los casos se abrieron carpetas de investigación. Esto significa que solo el 9.7% del total de delitos llegó a una investigación formal. Además, en el 90.3% de los casos no se presentó denuncia o no se inició ningún procedimiento legal, lo que evidencia una falta de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
La incidencia delictiva nacional registró un leve incremento del 1.3% en comparación con 2021. Se reportaron 6,114 delitos por cada 10 mil unidades económicas en 2023, frente a los 6,034 registrados en el período anterior. Aunque este aumento es pequeño, refleja la persistencia de un problema estructural que afecta tanto a pequeñas como grandes empresas en todo el país.
El sector servicios concentró el mayor número de delitos por unidad víctima, con un promedio de 2.4 delitos. No obstante, el comercio lideró en proporción de establecimientos afectados, mientras que las industrias manufactureras también mostraron tasas significativas de victimización. Este panorama destaca la vulnerabilidad de todos los sectores económicos ante la inseguridad.