En línea con los avances que se realizan alrededor del mundo para probar la eficacia de las vacunas contra el Covid-19, la empresa de biotecnologi?a Novavax, Inc. anuncio? el inicio de su estudio fase III en México y en los Estados Unidos.
Dicha investigación reclutará hasta 30 mil voluntarios, mayores de edad, en 115 sitios distintos, a nivel global, particularmente, el estudio busca reclutar dos mil voluntarios en siete sitios de la República Mexicana, lo cual permitira? recabar datos sobre la eficacia de la vacuna en nuestra poblacio?n.
A través de su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard compartió la noticia, los ensayos clínicos anteriores demostraron que la vacuna provoco? una so?lida respuesta inmune contra el virus y fue bien tolerada.
El nuevo estudio de Novavax planea reclutar a voluntarios que pertenezcan a los grupos demográficos que han sido más afectados por el virus SARS-CoV-2, así como a los adultos mayores o con comorbilidades.
La empresa agradeció la colaboración y participación del Gobierno mexicano en este estudio, el cual iniciara? una vez que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgue su aprobación.
La vacuna NVX-CoV2373 ha sido desarrollada con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, el cual manifestó su respaldo al Gobierno de México en el acceso a las vacunas desarrolladas en su país en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington D. C., el pasado 8 de julio de 2020.
El doble blindaje de Jóvenes Construyendo el Futuro
Investigación y entrevistas: Emiliano Fernández
Edición: Andrés Villarreal
Jóvenes Construyendo el Futuro entra a su séptimo año de implementación. Con Claudia Sheinbaum la meta sexenal es de 1.7 millones de beneficiarios, que son un millón 200 mil jóvenes menos que recibieron el pago en el periodo de López Obrador. Los datos oficiales sobre los alcances del programa revelan una paradoja: a pesar de que el monto individual de las becas ha ido en aumento año con año, de $3,600 en 2019 a 8,480 mensuales en 2025, un incremento del 135% en términos nominales y un 77% en términos reales, la inscripción de nuevos jóvenes va en sentido contrario.
Cada vez es menor el interés de participar en este programa que ha gastado más de 130 mil millones de pesos en apoyos directos para cerca de 3 millones de aprendices. A pesar del alto volumen de inscripciones durante su primer año, más de una tercera parte de los beneficiarios totales, un millón cien mil- se inscribieron el año del arranque, después se estacionó en la mitad por año, alrededor de 500 mil. Y en promedio para este sexenio solo estarían planteándose menos de 300 mil jóvenes por año.
Mientras las inscripciones muestran una tendencia casi en caída libre, el presupuesto tiene una disminución de un 7% anual en promedio desde su creación y hasta el 2024. El maestro en Economía y Coordinador General de Monitoreo del Coneval insiste en que es necesario cuestionarse por qué cada vez se inscriben menos jóvenes.
"¿Por qué está disminuyendo, si es porque ha sido exitoso el programa y hay una reducción de las y los jóvenes que están teniendo esta problemática, o por qué está siendo ya menos atractivo el programa para los jóvenes."
¿Quiénes son? ¿Dónde están?
El programa ha superado las evaluaciones del CONEVAL y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero académicos, organizaciones civiles y periodistas se han topado con un impenetrable blindaje que impide conocer lo fundamental: ¿Quiénes son los aprendices? Y ¿Dónde están sus tutores? La UIMN analizó los más de 9 millones de registros que componen la base de datos abiertos de 2019 a julio de 2024. La base carece de un identificador adicional al nombre, y la Secretaría del Trabajo negó la información vía ley de transparencia con lo que se vuelve imposible tener la certeza de que esos 9 millones de nombres corresponden a 2.9 millones de jóvenes, como afirma la institución.
Dentro de los datos analizados, se identificaron cerca de tres mil jóvenes que recibieron la beca más de 24 meses después de haberse registrado, y más de 100 mil que la recibieron 12 meses después. Donde de nuevo es imposible determinar cuántos jóvenes fueron beneficiarios en más ocasiones de las permitidas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también negó la información para relacionar a los aprendices con sus tutores, es decir, cuál es el centro de trabajo donde asiste cada uno de los beneficiarios. Aun cuando el Instituto de Transparencia resolvió a favor de este reportero un recurso de acceso, solo se permitió el ingreso a las instalaciones a una computadora donde únicamente era posible observar los nombres de personas físicas testadas y de personas morales.
La historia
Hasta los últimos minutos de su mandato, Andrés Manuel López Obrador regresó a una polémica que se remontaba casi 15 años atrás: el día en que José Narro, rector de la UNAM, llamó Ninis a los jóvenes que ni estudian ni trabajan en agosto de 2010.
"Se reía un exrector de la UNAM diciendo eso. NINI?s, ni estudia ni trabaja. ¿Qué hacían en favor de los jóvenes? Nada"
Expuso el entonces Presidente una sumatoria donde la inversión pública de su gobierno para los jóvenes fue 20 veces superior a la de los últimos cinco sexenios, y que dio como resultado una reducción del abandono escolar. Esos eran sus números de despedida. Cuatro días antes López Obrador había obtenido el blindaje constitucional para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ningún voto en contra, pero diputados de oposición sí se atrevieron a la crítica en tribuna.
"Han fallado en la correcta implementación y supervisión de este programa"
Según la reforma al artículo 123 Constitucional y las reglas de operación, el programa ofrece un apoyo económico mensual de un salario mínimo vigente a quienes se encuentren en desocupación laboral y no cursen algún nivel educativo, a cambio los jóvenes entre 18 y 29 años requieren tomar una capacitación para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses. Así opera desde 2019.
La despedida del CONEVAL y las observaciones de la Auditoría Superior
Desde que comenzó el programa, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señaló la ausencia de indicadores claros para medir la efectividad del programa, advirtiendo que esta falta de herramientas dificultaría evaluar su verdadero impacto.
"Hemos insistido en los indicadores de la problemática que se pretende resolver. Apenas en 2025 el programa incorporó un indicador sobre actividad productiva, quiénes de los jóvenes están teniendo una mayor actividad productiva."
Las observaciones subrayaban la necesidad de establecer métricas precisas que permitan monitorear los resultados y corregir los problemas de implementación a tiempo. Si bien, con el paso de los años la Secretaría del Trabajo ha ido resolviendo las recomendaciones emitidas por el Coneval, los daños probables ya están hechos. El Coneval además no hará más recomendaciones porque una reforma constitucional lo ha desaparecido como órgano autónomo.
La Auditoría Superior de la Federación, con mayor acceso y sin restricciones para obtener la información, acumula observaciones al programa. Realizó auditorías de desempeño y de cumplimiento al programa desde su inicio. Encontró entre otras observaciones que existieron más de 100 millones de pesos que se presumen como probable daño al erario público: Cincuenta y cinco millones pagados a personas fallecidas y beneficiarios que recibieron recursos mientras trabajaban o estudiaban.
Además de pagos improcedentes y una violación clara a las reglas de operación, con lo que concluye que hubo una falla estructural en la ejecución del programa en ese año. También se identificaron 63 beneficiarios que recibieron recursos del programa al mismo tiempo que se les pagaba como Servidores de la Nación. Información que se encuentra catalogada como reservada hasta 2028.
La UIMN cruzó la información con el padrón de Servidores de la Nación precisamente y con los militantes de partidos políticos, encontrando igualmente coincidencias de nombres, aunque es imposible de nueva cuenta determinar si se trata de homónimos o de las mismas personas.
En esa condición aparecen más de 200 mil nombres. Y es ahí el segundo blindaje que tiene el programa, auditarlo y conocerlo a profundidad se vuelve imposible.
Aprendices y tutores
Atena Rodríguez es una joven que fue aprendiz del programa en una fundación, y asegura que le proporcionó las habilidades necesarias para su futuro. Actualmente estudia mercadotecnia y dice que los conocimientos adquiridos durante su paso por el programa le han ayudado en su formación laboral.
"En una pagina de ellos teníamos que hacer ciertos cursos, de educación financiera. Pero, creo que lo que más fue que luego abrieron estas vacantes como de entrenamiento o algo así."
La situación de Adrián García es opuesta a la de Atena. Él inició en el programa a los 29 y el reconocimiento que se le entregó no le resulta útil. Sin embargo, al igual que Atena, valora lo aprendido durante los doce meses en los que participaron.
"Para mi en lo particular no es un reconocimiento que me sirva para ir a solicitar empleo a otra empresa. Pero entiendo que para quienes sea su primer empleo, pueda ser bastante más importante."
Para Esteban Álvarez Díaz, Coordinador Técnico de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, una red conformada por más de 70 organizaciones civiles y empresariales que impulsa una agenda para el trabajo juvenil, el programa tiene un desequilibrio en las zonas geográficas que atiende porque los municipios con alta marginación en el sur-sureste del país son precisamente donde carecen de centros de trabajo que ofrezcan capacitación a quienes tienen las mayores barreras de empleabilidad.
"Un JCF que priorice justamente a jóvenes con mayores problemas de empleabilidad. Actualmente el programa define su población objetivo que son jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo pero no hace mención del rezago educativo u otras condiciones que dificultan o impiden la inserción laboral."
En 2019 se canceló la política social de transferencias condicionadas que prevaleció por cuatro sexenios aunque cambió de nombre: Progresa-Oportunidades-Prospera, fue presupuestalmente eliminada ese año.
Durante 2024 un grupo de programas sociales se elevaron a rango constitucional, considerado un blindaje que garantiza recursos públicos para la atención universal a sectores sociales precisos, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, que además tiene un segundo blindaje que impide conocer la base de datos que relaciona a los beneficiarios con los centros de trabajo, base fundamental del programa
La reciente decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha marcado un hito en la regulación de las prácticas comerciales de Ticketmaster y otras plataformas de venta de boletos en línea
Esta resolución obliga a la empresa a proporcionar información más transparente y accesible sobre sus políticas de compra, un aspecto que ha generado preocupación entre los consumidores en el ámbito del entretenimiento.
El caso se originó cuando el abogado Jesús Manuel Soledad Terrazas adquirió boletos para el Festival Tecate Pal Norte en marzo de 2022, invirtiendo una suma considerable de 20 mil pesos. Al intentar recoger sus boletos en un punto de venta, se encontró con la negativa del personal de Ticketmaster debido a que no presentó la tarjeta utilizada para la compra, una condición que no estaba claramente indicada en el sitio web. La cláusula sobre la presentación de la tarjeta se encontraba en una sección secundaria, lo que llevó a Terrazas a no estar completamente informado sobre los requisitos necesarios para obtener sus entradas.
A pesar de que inicialmente varios jueces fallaron a favor de Ticketmaster, argumentando que los detalles estaban disponibles en su plataforma, un análisis más profundo por parte de la SCJN condujo a una conclusión diferente
La Corte determinó que las empresas deben cumplir con su obligación de informar a los consumidores sobre las condiciones de sus servicios de manera clara y precisa. Este fallo establece un precedente importante, ya que ahora se espera que otras compañías sigan este criterio al interactuar con sus clientes.
En respuesta a esta decisión, Ticketmaster ha anunciado su compromiso para mejorar su comunicación respecto a las políticas y condiciones del servicio. La empresa ha reconocido la necesidad de asegurar que los consumidores estén completamente informados antes de realizar cualquier compra. Este cambio es particularmente relevante en el contexto actual, donde la transparencia y la protección al consumidor son cada vez más demandadas.
La SCJN enfatizó que la mera publicación de políticas en una página web no garantiza que los consumidores estén al tanto o acepten conscientemente dichas condiciones. Este principio es fundamental en los contratos de adhesión, donde una parte establece las condiciones y la otra solo puede aceptarlas sin posibilidad de modificación
El tráfico de armas entre Estados Unidos y México ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento del 63% en los últimos ocho años
Esta problemática ha llevado a la Comisión Permanente del Congreso mexicano a solicitar al nuevo gobierno estadounidense un informe sobre las medidas que se implementarán para combatir este fenómeno. La petición se produce en el marco de los recientes decretos del presidente Donald Trump, quien ha declarado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. El senador Emmanuel Reyes Carmona, quien impulsó esta solicitud, destacó que México ha estado proporcionando información sobre el armamento que ingresa ilegalmente desde Estados Unidos, pero que su vecino del norte no ha sido recíproco en este intercambio de datos.
Desde 2015 hasta 2022, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) identificó más de 133,000 armas recuperadas en México que fueron sometidas a rastreo. Aproximadamente el 70% de estas armas fueron fabricadas en Estados Unidos. En términos de cifras anuales, se estima que alrededor de 250,000 armas cruzan la frontera hacia México cada año, lo que equivale a unas 693 armas diarias.
Este tráfico es facilitado por redes de diversos tamaños, incluyendo cárteles que mantienen sus propias fuentes de suministro y redes independientes que operan como proveedores para múltiples organizaciones criminales
El tráfico ilícito se ve alimentado por la escasa regulación para la adquisición de armas en Estados Unidos y la alta demanda en México. La frontera entre ambos países, que se extiende por aproximadamente 3,152 kilómetros, presenta desafíos únicos debido a las diferencias en las leyes sobre armamento. En este sentido, un estudio reveló que las armerías en seis códigos postales específicos en Texas fueron responsables del tráfico de casi 3,000 armas hacia México.
En respuesta a esta crisis, el gobierno mexicano ha propuesto una estrategia bilateral con Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de armamento. Esta iniciativa incluye el uso de tecnología avanzada en puntos estratégicos de la frontera y un acuerdo para institucionalizar el intercambio de información sobre el tráfico de armas. Las autoridades mexicanas han enfatizado la necesidad urgente de abordar esta situación debido a su impacto directo en la seguridad pública; se estima que cerca del 60% de los homicidios en México son cometidos con armas de fuego.
A pesar del compromiso por parte del gobierno mexicano para combatir este problema, las cifras oficiales muestran una discrepancia alarmante: solo 1,392 armas fueron confiscadas en el año fiscal 2023 por las autoridades estadounidenses