Advierte Coparmex riesgos en derechos humanos por militarización de seguridad

Tras la publicación del decreto federal que ordena a la Fuerza Armada permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, la Confederación Patronal de la República Mexicana considera que el Decreto publicado desobedece las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

A través de un comunicado, el organismo empresarial considera que el Estado Mexicano debe cumplir con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que establece que, cuando la Fuerza Armada intervenga en tareas de seguridad, excepcionalmente lo podrán hacer siempre y cuando sea de forma:

- Extraordinaria (actos justificados y temporales).

- Subordinada y complementaria a las autoridades civiles.

- Regulada (con protocolos sobre el uso de la fuerza).

- Fiscalizada (por órganos civiles e independientes).

Así mismo expone que con el Decreto presidencial se vulnera el principio de reserva de Ley, porque la Constitución no faculta al titular del Poder Ejecutivo Federal para calificar el funcionamiento de la Guardia Nacional, al ser esta facultad exclusiva del Senado de la República.

El Decreto presidencial vulnera el principio de fundamentación y motivación, al omitir los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas que permitan supervisar las acciones de la Fuerza Armada mientras realice funciones de seguridad pública, dado que el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, indica que son atribuciones y obligaciones exclusivas de éstas y no de las Fuerzas Armadas.

Finalmente y ante la falta de certeza jurídica, la Coparmex advierte que podría establecerse un esquema permanente de participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano.

Asimismo, por los abusos e impunidad de la Fuerza Armada en el pasado, resulta necesario asegurar una estricta fiscalización su intervención en funciones de seguridad pública, tanto por el Congreso de la Unión, como por la propia sociedad en conjunto, incluyendo la de órganos autónomos.