Donald Trump y la inmunidad presidencial
El proceso judicial contra Donald Trump por el caso de los pagos a Stormy Daniels ha alcanzado un punto sin precedentes en el sistema judicial estadounidense
En mayo de 2024, el expresidente fue declarado culpable de 34 cargos relacionados con falsificación de registros financieros. Estos cargos se derivan de un pago de $130,000 dólares a la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels, supuestamente realizado para evitar que saliera a la luz una relación extramarital antes de las elecciones presidenciales de 2016. Pese al fallo de culpabilidad, la sentencia programada para el 26 de noviembre fue aplazada indefinidamente por el juez Juan Merchan, quien argumentó que las recientes circunstancias políticas requieren un análisis más profundo.
El equipo legal de Trump ha insistido en que este caso debe ser desestimado, citando la inmunidad que otorga la presidencia en actos oficiales. Este argumento se apoya en un fallo de la Corte Suprema que reconoce dicha protección, aunque este principio no se ha probado en casos de delitos relacionados con conductas personales y ocurridos antes de ocupar el cargo. Además, los abogados presentaron un recurso para anular la condena, lo que añade más complejidad al caso.
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, quien lidera este caso, admitió que la situación actual, marcada por la elección de Trump como próximo presidente, plantea retos sin precedentes para el sistema judicial
El aplazamiento también busca evitar la percepción de interferencia política en un momento de gran sensibilidad nacional. Según el fiscal adjunto Matthew Colangelo, la intención es garantizar que cualquier decisión sea tomada con neutralidad y sin impacto directo en el panorama electoral. A pesar de estas acciones, algunos analistas legales consideran improbable que Trump enfrente prisión durante su nuevo mandato, debido a la tradición estadounidense de no procesar a un presidente en funciones.
Este caso no es el único problema legal que enfrenta el magnate. Otros procesos, como los relacionados con los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago y su presunta interferencia en las elecciones de 2020, también han quedado en pausa. El fiscal especial Jack Smith, quien lleva estos casos federales, tiene hasta diciembre para decidir los pasos a seguir, considerando las implicaciones de procesar a un presidente en funciones.
Finalmente, la decisión de Merchan también afecta los casos estatales. En Georgia, donde Trump enfrenta acusaciones por intentar influir en los resultados de las elecciones de 2020, la presidencia podría otorgarle la posibilidad de intervenir políticamente para archivar dichos procesos.
El mismo Trump, de 78 años, ha descrito todas estas investigaciones como una "caza de brujas" con tintes políticos y asegura que su victoria electoral demuestra el apoyo público frente a estos señalamientos
