A unas semanas de que comiencen a operar los juzgados civiles en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, cuyos alcaldes provienen de Movimiento Ciudadano, el dirigente del Colegio de Abogados Penalistas, Mario García Solórzano, señaló que esperan que no se conviertan en organismos para crear más burocracia, que tenga fines de recaudación y políticos para cumplir una promesa de campaña.
"Desde el punto de vista jurídico en lo que tienen que poner cuidado es en el cumplimiento de ese reglamento, porque no va a pasar de esa reglamentación, el municipio no tiene facultad para ejercer acciones penales lo que sí puede imponer el ayuntamiento son multas, entonces lo que tiene que cuidar es que se aplique bien esa reglamentación de ese juzgado cívicos".
Recordó que los ayuntamientos han hecho diversos intentos a través de crear departamentos de atención a vecinos para resolver los problemas que se presentan en las colonias, pero los resultados son mínimos, entonces dijo que con este nuevo intento tendrán que cuidar que el ciudadano realmente asista ante el juez cívico cuando se les cite, cumpla con las indicaciones que se le den o de lo contrario reciba una sanción que lo obligue a atender el problema.
"Deben tener en cuenta las autoridades municipales que son muchas colonias ya en Colima rebasa las 100 colonias, 130 a 140 colonias en Colima, imagínate la problemática que hay, pero el problema es que si no les das coercitividad a ese juzgado cívico no va a funcionar, la ciudadanía no va a ir a las audiencias para resolver la queja, si no hay una multa de por medio no va a funcionar".
