Después de laborar tres años y pese a contar con una base sindical, Janetthe Andrade fue despedida del Ayuntamiento de Villa de Álvarez el 30 de octubre de 2018 entre fuertes presiones de las actuales autoridades municipales. Hoy en día y pese a que la contingencia por el Covid-19 detuvo avances de la demanda que interpuso ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, no pierde la esperanza de ser reinstalada y obtener el pago de sus salarios caídos; pero sobre todo, el reconocimiento de sus derechos laborales y el respeto como persona.
"Se nos estuvo pidiendo que, pues, firmáramos un documento en donde renunciábamos a la base y a bases posteriores, entonces nosotros como trabajadores pues no estuvimos de acuerdo, el ayuntamiento nos proponía que si firmábamos ese documento ellos nos daban contrato que no nos dejarían sin trabajo; nos darían contrato por un mes, después por 3 meses y después ya por 5 meses, sin embargo pues sería incierto, nosotros, yo en lo personal lo pensé de que quién me garantizaba que en un mes me iban a renovar contrato".
Mencionó que ella y sus otros compañeros que fueron despedidos en las mismas condiciones esperaban que este año se resolviera el proceso legal, sin embargo todo se retrasó por la pandemia.
"Tuvimos otra audiencia, la teníamos programada para el, para el 1 de septiembre, creo, y también en esos días nos vuelven a cerrar el tribunal entonces nos la cambian para el 1 de octubre, el 1 de octubre acaba de ser la segunda audiencia nos falta una más y pues estamos en espera".
Para Janetthe su despido fue injusto y lamenta que por cuestiones políticas esté pasando por esta situación laboral.
"Por cuestiones, sí, sí fueron por cuestiones políticas, efectivamente, este, se nos discriminó, se nos hostigó, se nos humilló, al hecho de llegar y que ya nada más no estuvieran nuestras cosas, nuestros equipos de trabajo".
Para finalizar, reiteró que no desistirá en exigir el respeto a sus derechos laborales y destacó que, desafortunadamente, este problema se heredará a la siguiente administración. Afirmó que de recibir una negativa del Tribunal, recurrirán a una instancia federal para que les reconozcan sus derechos como trabajadores.