Homicidios sin castigo, falta de justicia en México

A finales de los años 90, Pablo Chapa Bezanilla, entonces fiscal especial que investigaba el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI, contrató a una vidente para demostrar que Raúl, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, había asesinado al diputado Manuel Muñoz Rocha.

Sólo el expolicía Daniel Aguilar Treviño fue sentenciado a 50 años de cárcel por haber matado a Ruiz Massieu y Raúl Salinas salió libre.

Manuel Muñoz Rocha, acusado de ser el autor intelectual, desapareció en octubre de 1994 y jamás fue visto de nuevo.

El caso nunca se cerró por completo, uno de los casos sin resolver en la historia de la procuración de justicia en nuestro país.

Hay otras historias, como el montaje televisivo organizado por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para detener a una supuesta banda de secuestradores que poco a poco fueron liberados y la autoridad dejó de investigar decenas secuestros que permanecen impunes.

Juicios que la PGR pierde en los tribunales por la mala integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, o por el uso indiscriminado de la figura de testigos protegidos, hoy llamados testigos colaboradores.

Gabriel Regino, abogado penalista, señala, "ante fiscalías donde el perfil es político, pues el uso de este tipo de instrumentos (testigos protegidos) va a ser político, entonces vamos a privilegiar la construcción de realidades a través del testimonio de testigos protegidos para suplir las carencias de la investigación científica".

Leslie Jiménez, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, A.C., indica, "entendiendo que deberían ser autónomas, trabajar sólo y exclusivamente por el tema de investigación delito, etc., cosa que no está sucediendo del todo".

Botones de muestra de un sistema de procuración de justicia que deja sin resolver casos ampliamente difundidos en los medios.

Y ante la impunidad, la desconfianza ciudadana hacia las fiscalías va en aumento.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, indica que en 2022, sólo se denunció 10.9% de delitos cometidos y las fiscalías iniciaron carpetas de investigación sólo en 69.3% de los casos.

Según el INEGI, la cifra negra de denuncia es de 92.4%.