Sheinbaum pública histórica reforma para derechos indígenas en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este martes un decreto que marca un hito en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.
El documento publica, en 57 lenguas originarias, la reforma al artículo 2° constitucional, aprobada en septiembre pasado, que reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
"Hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos con la publicación de esta reforma histórica", expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina. Con este cambio, México también se declara oficialmente como una nación multiétnica, un reconocimiento significativo en un país donde 23 millones de personas se identifican como indígenas y cerca de 7.4 millones hablan alguna lengua originaria, como el náhuatl, maya, tzeltal o zapoteco.
La reforma no solo otorga un marco legal más inclusivo, sino que establece la obligación del gobierno de realizar consultas previas con las comunidades indígenas sobre proyectos que puedan afectar sus territorios, un paso importante hacia la protección de sus derechos colectivos.
Además de la reforma constitucional, Sheinbaum anunció la creación de una Comisión Presidencial encargada de los planes de justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos. Este esfuerzo busca dar seguimiento a los compromisos adquiridos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó a resarcir los daños históricos sufridos por estas comunidades debido a proyectos extractivos y al abandono institucional.
Actualmente, se han implementado 17 planes de justicia en 12 estados del país, beneficiando a 26 pueblos indígenas y a una población estimada de 420,000 personas. Según Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estos planes han contado con una inversión de 27,000 millones de pesos (equivalente a 1,350 millones de dólares), destinados a mejorar la calidad de vida en las comunidades.
Este avance es un reflejo del compromiso del Gobierno de México con los derechos de las comunidades originarias, pero también plantea retos importantes para garantizar que las políticas públicas se implementen de manera efectiva y respetuosa. Con este paso, México busca construir un país más equitativo y justo para sus pueblos indígenas y afromexicanos.
