Tras manifestarse reciben solo 40 días de aguinaldo

Hasta la mañana de este lunes los 626 trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, entre activos y jubilados, no habían recibido sus aguinaldos a pesar de que debieron recibir esta prestación a más tardar el día 20 de diciembre como lo marca la ley.

"Lo oportuno es que el poder judicial nos dé una respuesta, hay una inacción porque el pago de aguinaldo de los trabajadores no fueron notificados si se les cubrió o no simplemente no les han pagado y entonces exigimos una respuesta contundente del poder judicial para actuar en consecuencia, lo primero que pedimos es el pago y demandamos de manera inmediata el pago del aguinaldo y esta es la vía más legal están los trabajadores inconformes porque no se tomaron las previsiones todo el año para hacer la reserva del aguinaldo".

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar, se justificó al señalar que no se trató de una falta de previsión o de voluntad, pues simplemente no cuentan con el recurso debido a que el presupuesto para 2019 fue insuficiente.

"Situación que nada tiene que ver con mal manejo de los recursos o a la falta de previsión por parte de la presidencia de la institución, cada año el STJE aprueba el proyecto de presupuesto que contempla las necesidades reales que garantizan a la sociedad el derecho humano a la justicia/ aún así desde hace más de 20 años de manera recurrente al autorizarse el presupuesto por el congreso del estado se le asigna al poder judicial como parte del presupuesto global del gobierno del estado una cantidad menor a la que dicho poder requiere".

Más tarde, en reunión con los trabajadores Salazar Santana anunció que el ejecutivo les apoyó con 9 millones de pesos, más un recurso que el poder judicial tenía contemplado para otros gastos, únicamente estarían en posibilidad de entregar 40 días de aguinaldo para todos los trabajadores y no los 45 que por ley les corresponden. Los afectados aceptaron tras advertir que solicitarán una auditoría extraordinaria al poder judicial del estado para que comprueben si están ejerciendo el gasto de manera adecuada o inadecuadamente.