Aprueban reforma Poder Judicial de Sinaloa; se aplicará hasta 2027

Con 32 votos a favor y 7 en contra, el Congreso del Estado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Constitución local que transforma por completo el proceso de elección de jueces y magistrados. A pesar de los argumentos en contra de los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes advirtieron que esta modificación podría afectar la autonomía judicial, la reforma fue respaldada por la mayoría. Con estos cambios, se elimina el Consejo de la Judicatura y se crean dos nuevas instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar a jueces y magistrados.

Una de las principales novedades de la reforma es que los jueces y magistrados serán elegidos por voto directo de la ciudadanía, con el objetivo de asegurar un proceso más democrático y transparente. Además, se establece la paridad de género en todos los órganos del Poder Judicial y se fijan límites salariales para evitar que los magistrados y jueces perciban ingresos superiores al del presidente de la República. También se contempla la eliminación de fideicomisos y otros fondos, en cumplimiento con la reforma federal en la materia.

El proceso de selección estará a cargo del Instituto Electoral del Estado, que organizará la votación garantizando la equidad de género en el proceso. Un Comité de Evaluación, compuesto por especialistas en derecho, revisará los expedientes de los aspirantes, y el Tribunal Electoral resolverá las impugnaciones que pudieran surgir. Este modelo tiene como objetivo garantizar la transparencia y la justicia en la elección de los encargados de impartir justicia.

Aunque la reforma no tendrá un impacto inmediato en los costos de la administración pública, la organización del proceso electoral implicará un gasto adicional, que será calculado por el Instituto Electoral. Los cargos renovados por este proceso comenzarán a ser ocupados en 2027, permitiendo que Sinaloa aprenda de las experiencias de otros estados que implementarán reformas similares en 2025. Esta modificación es el resultado de 11 iniciativas presentadas por diversos actores políticos, incluida una propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya.