La consulta popular es una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para atraer los reflectores y para medir su popularidad con miras a la revocación de mandato del próximo año, acusa la Federación de Asociaciones, Colegios y Barras de Abogados, pues insisten: "la ley no se consulta, se aplica".
El presidente de esta organización, Julio Sergio Alvarado Andrade, indicó que de haber elementos para sospechar que cualquier ex presidente cometió un delito basta con interponer la denuncia correspondiente, por lo que no es necesario realizar una consulta de esta naturaleza.
Reprochó que costará más de 528 millones de pesos, dinero que consideró puede ser utilizado para otros rubros más importantes como lo es en este momento la salud o seguridad.
El abogado reconoció que la consulta popular es un mecanismo reconocido en la ley y que promueve la participación ciudadana, solamente que para este tema, dijo, no se hace con ese fin, sino con el objetivo de seguir promoviendo la figura del presidente y su partido.
Agregó que difícilmente la consulta sea vinculante, ya que para ello se requiere que participe al menos 40 por ciento de la población, lo cual no se logra ni en las elecciones constitucionales, mucho menos en una consulta a capricho capricho del presidente, concluyó.