Continúan vinculados a proceso Madueña y funcionarios universitarios: FGE

 El Juzgado Tercero de Distrito emitió una sentencia respecto a la vinculación a proceso y medidas cautelares impuestas a Juan Eulogio "G" y Jesús "M", rector y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), imputados por ejercicio indebido del servicio público relacionado con la adquisición irregular de productos cárnicos en la causa penal 1117/2023. La sentencia aún no es firme y no ha causado ejecutoria, por lo que las medidas cautelares permanecen vigentes.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) no está de acuerdo con los criterios adoptados por el juez y anunció que interpondrá un recurso de revisión, dentro del plazo permitido, tras recibir la notificación el 28 de mayo de 2024. La FGE sostiene que se presentaron pruebas suficientes para demostrar, de manera probable, que Juan Eulogio "G" y Jesús "M" conocían las adquisiciones irregulares realizadas por el comité de adquisiciones de la UAS durante sus periodos fiscales. Estas pruebas están fundamentadas en la Ley Orgánica de la UAS y el Reglamento de Responsabilidades de los Funcionarios Universitarios, entre otros ordenamientos legales.

En la sentencia, se corrobora que los rectores son servidores públicos, dado que sus nombramientos fueron hechos por la UAS, un organismo descentralizado del Estado que forma parte de la Administración Pública Paraestatal de Sinaloa. La autonomía de la universidad no ha sido vulnerada.

El juez ordenó que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares contra Juan Eulogio "G" y Jesús "M", citando nuevamente a las partes para una nueva audiencia y resolución. Si se decide vincularlos nuevamente a proceso, se podrán imponer medidas cautelares necesarias y proporcionales para garantizar su presencia durante el procedimiento.

Además, el Juzgado Tercero de Distrito confirmó la vinculación a proceso y medidas cautelares impuestas a los integrantes del comité de adquisiciones de la UAS, Ismael "N", Salvador "N" y Manuel de Jesús "N", relacionados con la adquisición irregular de productos cárnicos. Entre las medidas impuestas se incluye la suspensión temporal del cargo para Manuel de Jesús "N".

La sentencia del 24 de mayo de 2024 aclara los alcances de la autonomía universitaria y confirma que la FGE actúa conforme al sistema jurídico actual. Reafirma que la UAS, como parte de la Administración Pública Paraestatal, estaba obligada a realizar las adquisiciones mediante licitación pública, y que la adquisición irregular se realizó con recursos públicos, lo que constituye un delito de desempeño irregular de la función pública.

Los puntos clave de la resolución incluyen:

1. Los imputados son considerados servidores públicos.

2. La UAS forma parte de la Administración Pública del Estado como un organismo descentralizado y paraestatal.

3. La universidad, al ser una institución de educación pública descentralizada, debía realizar las adquisiciones mediante licitación pública.

4. Se reconoce la legitimidad de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (UIPES) para presentar la denuncia, ya que el delito imputado no requiere querella.

5. La adquisición de productos cárnicos fue ilegal, ya que no se acreditó la excepción por tratarse de bienes perecederos.

6. La FGE estableció adecuadamente el tiempo, lugar y circunstancias del hecho en la formulación de imputación.

7. La UIPE actuó dentro de sus atribuciones al realizar actos de investigación sin una denuncia previa.

8. Los recursos utilizados para las adquisiciones eran públicos, lo cual es relevante para la competencia del delito imputado.

9. La FGE aportó pruebas suficientes para demostrar que las adquisiciones irregulares fueron realizadas por el Comité de Adquisiciones de la UAS, del cual formaban parte los imputados.

Esta sentencia reafirma que la vinculación a proceso contra los funcionarios universitarios es un tema de legalidad que debe respetar los procedimientos aplicables a cualquier persona que maneje recursos públicos.