Fiscalía estará de guardia para recibir denuncias durante elecciones

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, mantendrá una guardia permanente en todas sus agencias del Ministerio Público durante la jornada electoral del 2 de junio de 2024.

Las denuncias sobre delitos contemplados en la Ley General de Delitos Electorales podrán ser presentadas en cualquiera de estas agencias por testigos o personas afectadas. Además del personal de las 59 agencias del Ministerio Público en el estado, participarán los agentes adscritos a las Unidades de Atención Temprana en Mazatlán, Culiacán, Guasave, Angostura y Los Mochis.

Para garantizar la seguridad de los sinaloenses, la Fiscalía contará con la colaboración de la Policía de Investigación, las policías preventivas municipales y estatales, así como los cuerpos federales de seguridad (Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina).

Las denuncias también podrán realizarse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República, llamando al teléfono 800 833 72 33.

Las oficinas centrales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Sinaloa están ubicadas en el Centro Regional de Justicia Zona Centro, en la Cuarta Etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos, entre el bulevar Rolando Arjona y la Vialidad de Servicio, junto a la central camionera.

Delitos Electorales Contemplados

• Algunos de los delitos electorales que se pueden denunciar incluyen:
• Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña.
• Condicionar el acceso a servicios públicos o sociales.
• Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos.
• Destruir o dañar material electoral.
• Incumplir obligaciones de rendición de cuentas.
• Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados.
• Inducir al voto siendo ministro de culto.
• Alterar los datos de la credencial para votar.
• Intimidar durante la jornada electoral.
• Impedir el acceso a las casillas.
• Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas.

Estas medidas buscan asegurar un proceso electoral justo y transparente, protegiendo el derecho de los ciudadanos a un voto libre y sin coacción.