Implicados en caso de Tiburonario buscan negociar

Los tres implicados en la contratación irregular de dos empresas para la construcción del Tiburonario de Mazatlán, que colapsó el 1 de febrero de 2017, quieren evitar la cárcel y buscan negociar con Gobierno del Estado.

Se trata de Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; y José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos.

Este martes debía iniciarse la etapa intermedia, donde se presentarían las pruebas de parte de la Fiscalía General, pero los funcionarios pidieron negociar y para ello, según establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberán pagar los 30 millones de pesos que se considera como daño patrimonial.

El 1 de febrero de 2017 una de las paredes del Tiburonario de Mazatlán colapsó y provocó el derrame de agua y muerte de especies.

Hay tres órganos fiscalizadores detrás de distintas pistas, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.

Los funcionarios que están enfrentando procesos legales es por la contratación indebida de dos empresas (Osuna y Osuna Arquitectura SA de CV y Grupo Ecosistemas de México SA de CV)