Mayoría legislativa se opone a la revocación del mandato

Hasta el día de hoy, han transcurrido más de un año desde que el Congreso del Estado de Sinaloa no ha expedido la esperada Ley de Revocación de Mandato. La situación ha llevado a la acusación de omisión legislativa, sugiriendo que la mayoría en el Congreso podría estar temerosa de aprobar dicha ley, para proteger al gobernador del estado de someterse a este mecanismo respaldado por el pueblo y el Presidente de la República; expresó la diputada Elizabeth Chía Galaviz

La legisladora del Partido Sinaloense, destacó que la revocación de mandato no es un tema novedoso, recordando que su partido fue el primero en presentar la iniciativa para la expedición de la Ley de Revocación de Mandato en la entidad. Insistió en que la falta de progreso en este asunto se atribuye al Congreso y al Ejecutivo estatal, sugiriendo que evitan su aplicación, lo que, según ella, ha resultado en una presunta violación a la Constitución de Sinaloa.

Explicó que ante esta situación, desde el 21 de agosto del presente año, se presentó un recurso de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. El objetivo era obtener una sentencia sobre la omisión legislativa de la iniciativa. Con fecha 12 de diciembre de 2023, dicho órgano emitió una sentencia a favor de la ciudadana MC Angélica Díaz Quiñonez, ordenando al Congreso dictaminar la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato.

Aseguró que la resolución del tribunal ha llevado al Congreso a abordar la obligación pendiente, especialmente después de que el gobernador presentara recientemente su iniciativa. Esta iniciativa pasó de manera urgente por la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico, recibiendo hoy su primera lectura en la sesión actual.

La urgencia de la Ley de Revocación de Mandato se subraya, ya que el gobernador ha cumplido dos años en su mandato, permitiendo a los ciudadanos solicitar esta acción democrática en el próximo año.

Añadió que busca demostrar el compromiso del Partido Sinaloense con el respaldo a la democracia en Sinaloa, abogando por la sujeción de los gobernantes a la voluntad popular; ya que solo así se consolidaría la democracia participativa en Sinaloa, haciendo realidad la frase: "El pueblo pone y el pueblo quita".