Piden auditoría externa al Tribunal de Justicia Administrativa
La relación entre la administración de Quirino Ordaz Coppel y el Tribunal de Justicia Administrativa se tornó más tensa, ahora se acusa de que tienen solo autonomía de papel y se han retenido pagos.
El actor que vuelve a sobresalir en esta ocasión es Héctor Samuel Torres Ulloa, el ex Magistrado que fue designado con vicios desde el Poder Ejecutivo en 2017, pero que fue destituido tras un amparo en favor de Lucila Ayala de Moreschi, con el que se reveló el manoteo que hubo desde Gobierno del Estado.
Ya por ese amparo se ejecutaron distintas órdenes, como la de reinstalar a Ayala de Moreschi y la de organizar la forma en que se deberá devolver los pagos.
Con la salida de Torres Ulloa surge otro escándalo. En su salida, que ocurrió el 17 de abril de este año, debió entregar un informe financiero en un acto de entrega-recepción, pero no sucedió.
El Pleno, que lo preside Jesús Iván Chávez Rangel, encontró que hay distintos dispendios desde 2017 que debieron darse por Gobierno del Estado y que no se informaron en las sesiones de pleno por Torres Ulloa.
"Esto lo hacemos para justificar una reflexión que tuvimos al interior del Pleno, que fue la necesidad precisamente ante la circunstancia, que sentimos que no teníamos toda la información completa como para tomar las decisiones que van a tener que corresponder a este tribunal, tener la información sobre si todos los recursos públicos que autorizó el Congreso hayan ingresado a las arcas del Tribunal"
Solo en los últimos dos meses se encontró que en la cuenta bancaria del Tribunal había 56 mil pesos, teniendo faltantes por hasta 2 millones de pesos.
La decisión del Pleno fue solicitar una auditoría externa a la Auditoría Superior del Estado, con el fin de analizar cómo han sido los manejos financieros del organismo en los últimos dos años.
Además, en la presentación de un informe de labores ante el Congreso del Estado, se solicitó al Ejecutivo estatal que se respete la autonomía de decisión y de manejo financiero, toda vez que lo que se ha demostrado es que se tiene un control administrativo que ahorcado la operatividad del organismo.
Como ejemplo, Chávez Rangel recordó que se tienen deudas por pagar por más de 1.5 millones de pesos, así como la falta de compra de equipo para notificaciones sobre decisiones del Tribunal.