"Plan B" negativo para la democracia, advierte experto
Fernando Barrientos del Monte, Politólogo e Investigador de la Universidad de Guanajuato:
"Si es necesario que se hagan algunas reformas electorales pero no esta, México necesita reformas electorales que empoderen a la ciudadanía, todas las reformas electorales hasta la fecha siguen girando en torno a los partidos políticos".
La actual propuesta de reforma electoral, llamada "plan B", que modifica leyes secundarias, es negativa para la democracia, advierte el politólogo Fernando Barrientos del Monte, quien se desempeña como académico e Investigador en la Universidad de Guanajuato.
Explicó que en general son tres aspectos los que se destacan, siendo el principal que fue una reforma que no parte de un análisis previo, que no tuvo discusión en las cámaras, y que no fue consensada con otros partidos como ha ocurrido con todas las anteriores reformas electorales.
Fernando Barrientos del Monte, Politólogo e Investigador de la Universidad de Guanajuato:
"Este plan B no solamente viene desde el partido en el Gobierno, sino que además no toma en cuenta ninguna observación de los partidos de oposición y tiene toda la intención evidentemente de favorecer al partido en turno".
Un segundo aspecto, indicó el especialista, es que se limita a los órganos electorales, al INE y Tribunal Electoral, para sancionar a quienes comenten faltas en el ámbito electoral.
Fernando Barrientos del Monte, Politólogo e Investigador de la Universidad de Guanajuato:
"Podían llamarle la atención a los funcionarios públicos que de manera indebida se expresaban sobre las campañas electorales o hacían precampañas indebidas, etcétera, y ahora esta reforma le quita dientes por así decirlo a las instituciones electorales".
Por último, añadió, se debilita la estructura el INE, reduciendo los cargos dentro del instituto para crear solamente funcionarios temporales en algunas áreas, lo que podría generar la pérdida de la imparcialidad.
Fernando Barrientos del Monte, Politólogo e Investigador de la Universidad de Guanajuato:
"Lo que le abre la puerta es que precisamente em Gobierno, o los gobiernos en turno llenen con sus funcionarios, con su allegados todas aquellos cargos que el Instituto antes llevaba de forma mucho más clara".
Actualmente la entrada en vigor de este plan B está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá determinar sí es o no Constitucional lo que se propone, lo que de acuerdo con el investigador tiene posibilidades: permitir que se publique como está, frenar algunos puntos, o rechazar por completo la propuesta.
