Reservar los expedientes del “Culiacanazo”, muestra de incompetencia y corrupción

A poco más de un año de los hechos violentos que se generaron en la capital Sinaloense el pasado 17 de octubre de 2019, evento mejor conocido como el "Culiacanazo", poco se sabe sobre el fallido operativo que puso en riesgo a toda la población, pues además de las contradictorias versiones de las autoridades involucradas, los expedientes que guardan la información sobre lo ocurrido aquel jueves negro, se encuentran bajo reserva.

Desde el primer día hubo una serie de malos entendidos en torno a este lamentable suceso, primero el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, declaraba esa misma tarde que se había tratado de un hecho casual, al día siguiente se retractó, y junto al Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González, confirmaban que había sido un operativo planeado, que finalmente fracasó.

"Una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina... en Culiacán, Sinaloa". Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

"No fue circunstancial, que se trató de una acción directa para la captura... orden de aprehensión emitida por un juez federal". Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional.

Hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se contradijo, primero diciendo que desconocía del operativo, para después aceptar que él mismo decidió detenerlo.

"En Culiacán, Sinaloa, se decidió, yo ordené que se detuviera ese operativo, y que se dejara en libertad a este presunto delincuente". Andrés Manuel López Obrador, Presidente.

En medio de todas esas contradicciones, viene ahora la opacidad con la que se maneja el polémico caso, pues tanto la SEDENA, como la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, han reservado por cinco años los expedientes del operativo para la captura de Ovidio Guzmán, dejando en total incertidumbre, limitándonos a conocer solamente lo que se ya se informó a través de los funcionarios y sus declaraciones, pero no por medio de los documentos oficiales.

Esta práctica es fuertemente criticada por organizaciones que pugnan por la transparencia, como Iniciativa Sinaloa, que considera un grave retroceso en materia anticorrupción, que expedientes de temas tan sensibles, en este caso seguridad, sean escondidos del ojo público.

En cuanto a las pocas explicaciones que dan las autoridades federales para justificar su reserva, el activista señala que simplemente decir que es para que los criminales no conozcan las estrategias del gobierno para el combate a la delincuencia, es hasta ridículo, ya que claramente eso pasó ese aquel jueves que se vio totalmente rebasada la autoridad en todos los niveles.