Violencia en Sinaloa genera perdidas millonarias a comercio en Navolato

Debido a la ola de violencia en los municipios del centro de Sinaloa, la organización Empresarios Unidos por Navolato ha estimado pérdidas económicas de aproximadamente mil 100 millones de pesos, atribuidas al bajo flujo económico.

Jorge Quevedo Beltrán, representante de la organización, señaló que, aunque la inseguridad no ha aumentado en Navolato, los efectos colaterales de la violencia en Culiacán se están sintiendo en los comercios del municipio.

Recalcó que, como consecuencia de la parálisis económica, hay comercios formales que están a punto de cerrar, y muchos han tenido que realizar recortes de personal debido al bajo flujo de clientes.

"Ya ahorita, de cálculos oficiales te puedo asegurar que más de un 10 por ciento si no ha cerrado, está a punto de cerrar los establecimientos. Nada más la formalidad", dijo Quevedo Beltrán.

En este sentido, aclaró que la situación actual de Navolato ha sido tranquila; no obstante, aseguró que cualquier suceso en Culiacán repercute en el municipio cañero.

"Afortunadamente Navolato se ha mantenido tranquilo, dentro de lo que cabe, pero todo lo que sucede en Culiacán repercute también en el municipio", comentó.

Además, Quevedo Beltrán señaló que la ola de violencia está afectando el mejor momento del año para los comercios, que inicia en septiembre.

"Muchos de los negocios estamos esperando la mejor etapa de cierre de año, a partir de septiembre generalmente tenemos las mejores ventas del año, y desgraciadamente estamos en una economía contraída. Mejor dicho, en declive, y no vemos una recuperación sustancial", señaló.

Indicó que, debido al panorama de inseguridad, los consumidores se han enfocado en la adquisición de bienes y enseres para el hogar, lo que perjudica a comercios de otros giros, como el restaurantero.

Finalmente, Quevedo Beltrán reiteró la petición de reactivar los "Créditos a la Palabra", impulsados por el Gobierno Federal durante la pandemia de Covid-19, así como la posibilidad de que el ayuntamiento condone el pago del servicio de agua potable.