La Fiscalía General del Estado de Durango logró una sentencia condenatoria contra José Luis Alanís Soto, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una niña. Los hechos ocurrieron en octubre de 2021 en un asentamiento del estado. Tras una investigación exhaustiva y la presentación de la denuncia correspondiente, Alanís Soto fue aprehendido y sometido a un procedimiento legal que culminó con una sentencia de cuatro años de prisión. Además, se le impuso una multa de 25,810 pesos. El caso fue resuelto mediante un procedimiento abreviado llevado a cabo en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 1 de Durango, marcando un precedente en la lucha contra delitos de esta naturaleza.
En otro hecho, un menor de edad fue detenido por alterar el orden público, obstaculizar la prestación de servicios y proferir insultos a las autoridades. La detención tuvo lugar en la calle San José, entre Nelly Campobello y Santa Catalina, en la colonia San José 3, durante una operación de vigilancia. Tras ser remitido a las autoridades competentes, se confirmó que el menor no presentaba lesiones físicas y su estado de salud fue calificado como normal, según el diagnóstico médico emitido al momento de su ingreso.
Por su parte, Óscar Abraham Fortino, de 40 años, fue detenido por conductas similares en el poblado Gabino Santillán, específicamente en la Carretera Durango-Mezquital, entre la calle 15 de Mayo y una vía sin nombre. Durante el incidente, Fortino dificultó la prestación de servicios y lanzó insultos a los oficiales encargados del operativo. Al momento de su ingreso, se reportó que presentaba una lesión en el tabique nasal y un diagnóstico de segundo grado de ebriedad, de acuerdo con el certificado médico correspondiente.
Estos casos reflejan el compromiso de las autoridades en Durango por mantener el orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como su labor en el procesamiento y sanción de quienes cometen delitos graves. Las intervenciones se realizaron en distintos puntos del estado, mostrando una cobertura amplia y efectiva por parte de los cuerpos de seguridad y las instituciones de justicia.