Durango enfrenta un panorama complejo respecto a la inclusión de personas con discapacidad. Con una población de más de 1 millón 850 mil habitantes, el estado ocupa el tercer lugar nacional en porcentaje de personas con alguna discapacidad, con un 9.9%. Este grupo, que suma 329 mil 270 habitantes, enfrenta barreras significativas en su vida diaria, desde el acceso al trabajo hasta la movilidad.
Se estima que el 90% de las personas con discapacidad no tienen acceso a las bolsas de trabajo, lo que limita su desarrollo personal y profesional. A esto se suma el maltrato que muchas veces reciben en el transporte público, donde algunos choferes no detienen su marcha porque los pasajeros con discapacidad pagan una tarifa preferente y representan un "tiempo perdido".
El regidor Humberto Santana, del sindicato CTM, reconoció que las soluciones implementadas han sido insuficientes. Por otro lado, Eduardo Solís Nogueira, recaudador de rentas, explicó que solo se otorgan placas de discapacidad a quienes demuestren su condición física, excluyendo a personas mayores que también enfrentan grandes dificultades para desplazarse.
Instituciones como el DIF, el CREE y el Centro de Estudios para Invidentes de Durango (CEID) han realizado esfuerzos importantes para apoyar y capacitar a personas con discapacidad. Sin embargo, estos organismos no pueden cubrir la totalidad de las necesidades que enfrenta este grupo.
El principal desafío radica en la falta de infraestructura accesible y la escasa educación de la sociedad en temas de inclusión. A pesar de ser uno de los estados con mayor porcentaje de personas con discapacidad, los avances han sido limitados, y muchas de las políticas no logran impactar de manera real en la calidad de vida de esta población.
Invertir en infraestructura, sensibilización social y programas de inclusión laboral es indispensable para cambiar esta situación. Sin embargo, la visión gubernamental no ha tenido esta sensibilidad a lo largo de los años.