A los 18 años, José sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Durante su juventud, el transporte público era su único medio de transporte debido a su situación económica. Sin embargo, lleva más de 40 años sin poder utilizarlo, ya que las unidades no están adaptadas para personas en silla de ruedas.
La falta de accesibilidad en el transporte público continúa siendo un obstáculo para las personas con discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida. Aunque algunas personas logran subir a las unidades, se enfrentan a problemas de seguridad y a la ausencia de adaptaciones que garanticen su bienestar. Este panorama refleja la necesidad urgente de que las autoridades implementen medidas inclusivas en el transporte público, como rampas, espacios reservados y mecanismos de seguridad, para asegurar que las personas con discapacidad puedan desplazarse con dignidad e independencia.
En Durango, existen 101,953 personas con alguna discapacidad, de las cuales el 52.89% son mujeres y el 47.11% son hombres. Las principales discapacidades en la población del estado en 2020 fueron: discapacidad física (19,600 personas), discapacidad visual (16,300 personas) y discapacidad para recordar (6,880 personas).
José es solo uno de los muchos casos de exclusión que enfrentan las personas con discapacidad, quienes, a pesar de su disposición para enfrentar los retos diarios, no pueden acceder a un sistema de transporte que debería ser inclusivo. Adaptar las unidades no solo es una cuestión de infraestructura, sino también de derechos humanos y de garantizar la equidad. Es necesario que el gobierno y las autoridades locales prioricen la accesibilidad en el transporte público, para asegurar que todas las personas, sin importar su condición, puedan participar plenamente en la sociedad.