Durango aprueba la reforma de Supremacía Constitucional.
Durango aprueba la reforma de Supremacía Constitucional
El Congreso del Estado de Durango ha dado su aprobación a la reforma que fortalece la supremacía constitucional, uniéndose a las 17 entidades federativas que requieren para ello una mayoría calificada en las reformas constitucionales. Este paso, considerado crucial por algunos, ha generado un intenso debate entre los legisladores.
El diputado Martín Vivanco, de Movimiento Ciudadano, fue uno de los opositores más vocales, expresando su desacuerdo con el proceso de aprobación. Vivanco argumentó que la reforma al Poder Judicial impugna la transparencia y la legitimidad del procedimiento, cuestionando las formas en que se llevó a cabo la discusión y votación.
Por su parte, Jorge Mojica, diputado del PAN, también se sumó a las críticas. Mojica advirtió que, con esta reforma, la Constitución y el estado de derecho pierden su valor, sugiriendo que el cambio podría debilitar las garantías fundamentales y los mecanismos de control que deben existir para proteger a los ciudadanos.
En contraste, el diputado morenista Bernabé Aguilar defendió la reforma, argumentando que la supremacía constitucional es esencial para fortalecer la democracia en el estado. Aguilar sostuvo que esta medida permitirá un mejor alineamiento de las leyes locales con los principios constitucionales, promoviendo una mayor justicia y equidad en la aplicación de la ley.
El debate en el Congreso refleja la polarización de opiniones sobre cómo abordar la reforma del sistema judicial y la relación entre los distintos poderes del Estado. La aprobación de esta reforma no solo marca un hito en la legislación de Durango, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y equilibrio que deben existir en una democracia.
A medida que se avanza en la implementación de la reforma, será crucial observar su impacto en la estructura del poder judicial y en la protección de los derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el escrutinio público serán esenciales para asegurar que esta reforma cumpla con su propósito de fortalecer el estado de derecho y no comprometer los principios democráticos.