Durango avanza en leyes para discapacidad, pero persisten desafíos.
El estado de Durango ha dado pasos significativos en los últimos años para garantizar los derechos de las personas con discapacidad mediante la implementación de importantes marcos legales. Dos instrumentos destacan en este esfuerzo: la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada el 28 de mayo de 2023, que establece condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos humanos; y la Ley de Accesibilidad, que promueve entornos libres de barreras arquitectónicas. Estas normativas, emanadas del Congreso del Estado, buscan fomentar una sociedad más igualitaria e inclusiva para este sector de la población.
Sin embargo, organizaciones civiles y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos han señalado que el marco legal requiere una adecuada asignación presupuestal para su implementación efectiva. Óscar Zaldívar, representante de grupos defensores de personas con discapacidad, menciona que "hoy creemos necesario que los municipios se sumen a este esfuerzo", destacando una de las principales carencias del sistema: la falta de legislación específica a nivel municipal. Esta omisión dificulta la aplicación local de las políticas estatales y federales, dejando vacíos en la protección de derechos fundamentales.
Uno de los proyectos más urgentes es la creación del Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad, que según las propuestas actuales debería instalarse en un plazo no mayor a 100 días naturales después del inicio de cada administración municipal. "Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se concrete este consejo", afirma Zaldívar, destacando la importancia de contar con un órgano que vele específicamente por los intereses de este grupo en el ámbito local. La ausencia de este mecanismo afecta directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad, limitando su acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.
Aunque Durango ha mostrado voluntad política al armonizar parte de su legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expertos señalan que falta coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar una inclusión efectiva. "De parte de las autoridades necesitamos acciones concretas que se reflejen día con día", reclama Zaldívar. Los desafíos principales incluyen la falta de infraestructura accesible en espacios públicos, transporte adaptado y oportunidades laborales inclusivas, aspectos que requieren no solo de leyes bien diseñadas sino de recursos económicos y voluntad política para su implementación.
El camino hacia la plena inclusión en Durango muestra avances legislativos importantes a nivel estatal, pero enfrenta el reto de traducir estas normas en mejoras tangibles para la vida diaria de las personas con discapacidad. Mientras las autoridades trabajan en la armonización legal, la sociedad civil mantiene su llamado para acelerar los procesos y garantizar que los derechos reconocidos en el papel se conviertan en realidades palpables en todos los municipios de la entidad.