María Villarreal, residente de la colonia La Ponderosa, es un ejemplo de cómo la compra de terrenos irregulares puede arruinar vidas. Con esfuerzo, adquirió un lote por 17,500 pesos, pagando 4,500 de entrada, con la esperanza de brindar un futuro mejor a sus hijos. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció cuando el vendedor, sin previo aviso, llegó con amenazas, reclamando lo que decía ser suyo. En un acto violento, empujó y quemó sus pertenencias, dejando a María sin pertenencias.
Con dos hijos pequeños y un esposo desempleado, María se vio obligada a refugiarse en la casa de su madre. Aunque logró regresar a su hogar hace un mes, el miedo la acompaña constantemente. A pesar de que el vendedor desapareció, las amenazas siguen pesando en su mente. Esta situación es un reflejo de un problema más amplio en el país: según el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, entre 6,3 y 7,5 millones de lotes están en condiciones de irregularidad.
José Iracheta Carroll, director del Instituto, explica que "si se aprovechan todos los terrenos vacíos en las grandes ciudades, se podría cubrir la demanda de vivienda durante los próximos cinco a diez años". Sin embargo, entre el 90 y 95 por ciento de los asentamientos precarios no son producto de invasiones, como comúnmente se piensa, sino de acuerdos de compraventa entre propietarios ejidatarios y familias que buscan construir sus hogares.
El caso de María no está aislado. Muchas familias de bajos recursos, al no poder acceder a terrenos regulados, se ven obligadas a adquirir propiedades irregulares sin protección jurídica. La promesa de un patrimonio propio se convierte en una trampa, donde lo poco que tienen puede serles arrebatado.