En Durango, la falta de legislación específica contra la violencia vicaria ha dejado a muchas mujeres en un estado de vulnerabilidad. Jennifer Seiffer, fundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señaló que el estado se encuentra rezagado en este tema, a pesar de que la Suprema Corte ya reconoció esta forma de violencia como un acto que afecta directamente a las mujeres.
La violencia vicaria es un patrón de abuso en el que el agresor utiliza a los hijos u otros elementos cercanos para dañar a la mujer, separándola de sus hijos, dejándola con deudas o sometiéndola a procesos legales desgastantes. Según Seiffer, Durango cuenta con 90 casos documentados, aunque la cifra real podría ser mucho mayor debido a la falta de visibilidad y la revictimización de las denunciantes.
Uno de los principales argumentos que las autoridades locales han utilizado para no legislar sobre este tema es que una ley enfocada exclusivamente en mujeres podría ser parcial, lo que ha generado confusión y desinformación entre la población. Sin embargo, Seiffer sostiene que esta posición ignora el trasfondo social y legal de esta forma de violencia, dejando a las víctimas sin herramientas legales efectivas.
Además, se ha identificado que la violencia vicaria es un factor de riesgo significativo para el suicidio en mujeres que se enfrentan a estas situaciones. La revictimización por parte de las autoridades judiciales y la falta de sensibilización entre los jueces también agravan el problema, desmotivando a las víctimas a denunciar y buscar justicia.
El llamado de organizaciones como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria es claro: es urgente que el Congreso local aborde esta problemática con seriedad, reconociendo el impacto devastador que tiene en la vida de las mujeres y sus familias. Sin un marco legal adecuado, Durango continuará rezagado en la protección de los derechos de las víctimas de esta violencia.