La activista y defensora de los derechos humanos, Julieta Hernández Camargo manifestó que la comunidad "Pro Familia", acompañada de grupos religiosos, no deberían inmiscuirse en temas de matrimonio igualitario, pues Durango es un estado laico y los legisladores deben garantizar los derechos humanos.
Hernández recordó que desde el año 2015, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dictamina que todos los códigos civiles que contemplen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, o que el único objetivo es la preservación de la especie, se relaciona directamente con actos inconstitucionales.