El flujo migratorio hacia Estados Unidos continúa siendo un tema crítico, especialmente con la próxima toma de protesta de Donald Trump. En los estados fronterizos de México, como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, las autoridades han trabajado en la instalación de albergues para atender a migrantes. Sin embargo, expertos como Jeremy Slack, profesor y director del Departamento de Sociología y Antropología en la Universidad de Texas, advierten que esta medida no será suficiente para enfrentar el impacto social y los riesgos asociados a las deportaciones masivas.
Slack destaca que los grupos delictivos en México podrían beneficiarse del aumento en la llegada de migrantes deportados, incrementando los delitos relacionados con tráfico de personas, extorsiones y robos. Esta situación plantea un desafío adicional para las ciudades fronterizas, que ya enfrentan una presión considerable sobre su infraestructura y servicios.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha calificado a México como igual de peligroso que la selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, para los migrantes en tránsito. Un informe publicado en marzo señala que el 56% de los migrantes internacionales que ingresaron a México para cruzar hacia Estados Unidos han sido víctimas de extorsión, robo y amenazas. Estos datos reflejan la grave vulnerabilidad de las personas migrantes, quienes enfrentan no solo los peligros del trayecto, sino también la falta de protección en su tránsito por México.
El reto para las autoridades mexicanas va más allá de la instalación de albergues. Es necesario implementar estrategias integrales que garanticen la seguridad de los migrantes y mitiguen el impacto social en las comunidades fronterizas. Además, la cooperación internacional será fundamental para abordar una crisis que afecta tanto a Estados Unidos como a los países expulsores y de tránsito.
Con información de José Ángel Cota de Meganoticias Nogales.