Durango se enfrenta a una realidad que preocupa: el aumento de la violencia extrema contra los menores de edad, un fenómeno que ha cobrado la vida de inocentes como la pequeña Madeleine, víctima de un acto de feminicidio perpetrado por quienes debían protegerla: su padrastro y su madre, ambos confesos del crimen.
No obstante, este trágico evento no es un caso aislado. Según informes del Sistema DIF estatal, desde el inicio de 2024, se han recibido 229 reportes sobre presuntas vulneraciones de derechos de menores. Alarmantemente, en más del 51% de estos casos, se ha confirmado que efectivamente se cometieron violaciones a los derechos de los niños y niñas, poniendo en evidencia una crisis de protección infantil que demanda atención inmediata.
Las investigaciones iniciadas este año, que suman 116, abarcan un espectro preocupante de negligencia y abuso, incluyendo la omisión de cuidados, maltrato físico y psicológico, abuso sexual, y el consumo de sustancias por parte de padres o cuidadores. La salud mental emerge como un factor cada vez más determinante en el desencadenamiento de estos abusos, complicando aún más el panorama.
Mina Argumedo, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, y María de la Luz Reyes, religiosa a cargo del Hogar de la Niña Juan Pablo II, subrayan la indiferencia parental como un problema crónico. Este último, un refugio para menores en riesgo, ha visto fluctuar el número de niñas acogidas desde 15 hasta 38 en años escolares pasados, reflejando la magnitud de la situación.
El confinamiento debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 ha exacerbado los trastornos de salud mental, afectando desproporcionadamente a los menores. En el Hospital del Niño, se reporta un incremento en las consultas donde se detecta abuso contra menores, una tendencia alarmante que subraya la urgencia de fortalecer las redes de apoyo y protección.
Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que solo en los primeros dos meses de 2024, se cometieron 747 delitos contra la familia en Durango, muchos de los cuales han dejado a los menores como víctimas indirectas.
Es necesaria una respuesta colectiva e inmediata. La protección de los menores no es solo una cuestión de justicia, sino un imperativo moral que requiere la movilización de todos los sectores de la sociedad. Es hora de reforzar las estructuras de apoyo y redoblar esfuerzos para garantizar un futuro seguro y prometedor para los niños y niñas de Durango.