Nueva sentencia contra Bustamante. Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango logró una sentencia condenatoria contra José Alberto Bustamante Curiel, quien se desempeñaba como subsecretario de Egresos durante la administración estatal 2016-2022. El exfuncionario fue sentenciado a siete años de prisión, al pago de una multa de 52 mil 284 pesos y a una reparación del daño por 992 mil pesos.
Según las investigaciones, Bustamante, siendo el único autorizado para manejar movimientos en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas, ordenó una transferencia de 992 mil pesos destinada al programa de registro e identificación de población. Este programa, establecido en un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal, buscaba garantizar el derecho a la identidad de comunidades indígenas y contribuir al Registro Nacional de Población. Sin embargo, los fondos nunca llegaron a la Dirección General del Registro Civil, como estaba estipulado.
En su lugar, los recursos se destinaron a fines ajenos a su propósito original, violando los términos del acuerdo y las normativas establecidas. Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, incluyendo análisis periciales y documentación bancaria, que demostraron la culpabilidad del exfuncionario.
La sentencia envía un mensaje claro sobre el compromiso de las autoridades para combatir la corrupción y proteger los recursos públicos. Este caso no solo refleja un acto de deshonestidad, sino también un daño directo a comunidades vulnerables que dependen de estos programas para obtener derechos fundamentales como la identidad legal.
Esta sentencia se suma a las previas, una por 10 años y otra por 13 más. De acuerdo a las autoridades, las investigaciones continuarán contra el único ex funcionario público de la administración Aispuro en Durango, la cual comprenció de 2016 a 2022.
La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar investigando y sancionando a quienes cometan actos ilícitos que perjudiquen a la ciudadanía y al erario público, priorizando la transparencia y el estado de derecho.