En México, la pensión alimenticia es un derecho fundamental para garantizar el bienestar de hijos y dependientes económicos tras una separación o divorcio. Sin embargo, su incumplimiento es un problema grave.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 67% de las madres que han solicitado pensión alimenticia no la reciben o la obtienen de manera irregular.
El incumplimiento de esta obligación puede traer consecuencias legales. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que no pagar la pensión puede derivar en descuentos salariales, retención de bienes e incluso sanciones penales por abandono de obligaciones. En algunos estados, se han implementado registros de deudores alimentarios morosos para restringirles trámites como la obtención de licencias o pasaportes.
Según lo establecido por la Ley, debe ser un mínimo del 15%, tomando como base el salario total del padre y se duplicará el porcentaje por cada hijo.
A pesar de estos mecanismos, muchas personas evaden la responsabilidad, lo que afecta directamente la calidad de vida de los menores. La falta de pago de la pensión alimenticia no solo es una irresponsabilidad personal, sino una violación a los derechos de la infancia. Urge mayor compromiso legal y social para garantizar su cumplimiento.