El Consejo Coordinador Empresarial expresó su rechazo ante la reciente modificación de la Ley del Infonavit, la cual permite al gobierno hacer uso del ahorro para vivienda de los trabajadores. Esta decisión, según representantes del sector empresarial, podría generar consecuencias negativas para los empleados y la economía del país.
Salvador Chávez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), alertó sobre los impactos que esta reforma puede tener en los trabajadores. Señaló que la medida incrementará las dificultades para adquirir una vivienda, especialmente para aquellos con cotizaciones laborales bajas, ya que el ahorro destinado a este propósito se verá comprometido. En este sentido, destacó que la modificación atenta contra uno de los derechos fundamentales de los trabajadores: contar con un patrimonio propio mediante su esfuerzo y aportaciones.
Chávez también subrayó que centralizar los recursos del Infonavit en una sola oficina gubernamental podría afectar la transparencia y la rendición de cuentas. Explicó que la administración de estos fondos requiere procesos claros y supervisión adecuada para garantizar que se utilicen exclusivamente para beneficiar a los trabajadores. El cambio, según indicó, aumenta el riesgo de que los recursos sean desviados a otros fines, ajenos al propósito original del instituto.
La posición del Consejo Coordinador Empresarial y de la CANADEVI se basa en la preocupación de que esta modificación impacte no solo a los empleados, sino también al sector de la vivienda en general. La industria depende en gran medida de los créditos del Infonavit para mantener su dinamismo y aportar al desarrollo económico del país. Reducir el acceso de los trabajadores a estos financiamientos podría frenar la construcción de viviendas y afectar miles de empleos relacionados con esta actividad.
El pronunciamiento se realizó en una conferencia de prensa el pasado lunes en la ciudad de México, donde diversos líderes empresariales se unieron para exigir que la medida sea reconsiderada. Hicieron un llamado al gobierno para establecer un diálogo con el sector y buscar alternativas que no perjudiquen a los trabajadores ni a la industria de la vivienda. Enfatizaron la importancia de mantener intacto el ahorro de los empleados y garantizar que estos recursos cumplan con su objetivo original: facilitar la adquisición de una vivienda digna.
Con esta postura, el sector empresarial reitera su compromiso de defender los derechos de los trabajadores y de promover un desarrollo económico sostenible y transparente.