El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Durango, Francisco Salazar, describió el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como un periodo que ha puesto en jaque a los constructores locales. La falta de obra pública federal durante este periodo ha generado el cierre de empresas y la pérdida de más de 1,500 empleos solo en 2024, afectando de manera significativa a las familias que dependen de esta industria.
Ante este panorama, los empresarios del sector han comenzado a buscar alternativas para mantenerse a flote. Una de las opciones que ha ganado relevancia es la creación de empresas público-privadas. Este modelo, aunque poco explorado en Durango, permitiría a los constructores participar en proyectos de infraestructura bajo esquemas de cuotas, lo que les ayudaría a recuperar su inversión a mediano plazo. "Es una solución que, si bien implica riesgos, puede marcar un antes y un después para nuestra industria", señaló Salazar.
El líder empresarial también comentó que se han realizado gestiones a nivel central para mejorar la situación del sector. Sin embargo, la efectividad de estas negociaciones dependerá de las acciones que emprenda la presidenta Claudia Sheinbaum durante su administración. Salazar hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para priorizar la reactivación de la obra pública, destacando que el desarrollo de infraestructura no solo beneficia al sector constructor, sino también a la economía en general.
Además, enfatizó la necesidad de fortalecer las asociaciones público-privadas como un camino viable para evitar la paralización total del sector. Según Salazar, esta estrategia permitiría no solo la supervivencia de las empresas constructoras, sino también la generación de empleo y el desarrollo de proyectos esenciales para la comunidad.
El desafío, concluyó, es encontrar un equilibrio que permita avanzar sin depender completamente de los recursos federales, adaptándose a un panorama económico incierto.