En una decisión que redefine los contornos de la democracia mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2019, afirmó el principio de la presunción de inocencia de manera que impactará directamente en el ámbito electoral. Determinó que las personas privadas de libertad, pero que aún no han recibido una sentencia condenatoria, tienen el derecho de ejercer su voto. Esta medida no solo reafirma el compromiso con los derechos humanos fundamentales, sino que también transforma la percepción del sistema de justicia y su relación con los derechos políticos.
El caso que encendió esta discusión fue el de Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, quienes, identificándose como indígenas, desafiaron las restricciones que les impedían votar debido a su estatus legal no resuelto. Su lucha legal culminó en un fallo que no solo valida su derecho al voto sino que, implícitamente, cuestiona las prolongadas detenciones preventivas que afectan a aproximadamente 90,000 mexicanos. Estas personas, muchas de las cuales pasan años en prisión sin una sentencia, ven ahora una luz de esperanza y reconocimiento en sus derechos civiles.
Este cambio normativo abre un nuevo capítulo en la estrategia política de los partidos, quienes ahora deben considerar a un nuevo grupo de electores potenciales. La participación de personas en prisión, sin condena, en los procesos electorales es una novedad en el panorama político mexicano, que lleva consigo el desafío de integrar a este sector de la población en el diálogo democrático.
En Durango, se estima que 1,374 personas recluidas en los cinco centros penitenciarios del estado son elegibles para ejercer su derecho al sufragio bajo esta nueva disposición. La organización de este proceso electoral requiere una logística precisa y considerada, asegurando que el acto de votar sea accesible para todos, independientemente de su situación legal.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha declarado preparado para enfrentar este reto, marcando un precedente en la inclusión y el respeto por los derechos políticos de todos los ciudadanos. Este paso adelante no solo refleja un avance en la protección de los derechos humanos sino que también fortalece el tejido democrático de la nación, al garantizar que la voz de todos los mexicanos, sin excepción, sea escuchada en las urnas.