Por: Abel Martínez Luna
La migración irregular a Estados Unidos no deja de aumentar.
En 2020 más de medio millón de indocumentados fueron detenidos por la patrulla fronteriza.
En 2021 la cifra se multiplicó más de tres veces. El año pasado siguió aumentando y este 2023 ya suman más de 311 mil.
Si revisamos el último semestre, diciembre alcanzó el pico más alto, pero las cifras de enero y febrero siguen siendo importantes, pues el sueño americano está más latente que nunca.
Jorge Andrade, defensor de migrantes, explica, "es más sencillo vivir con carencias en Estados Unidos que vivir con carencias en los países de origen de donde provienen todas estas personas, incluyendo México".
Y es que mientras en México un trabajador de la construcción gana en promedio 6 mil 400 pesos mensuales, en estados unidos percibe 50 mil, siendo indocumentado.
De hecho, México es el mayor expulsor de indocumentados, seguido de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Estas cuatro naciones comparten índices de pobreza que superan el 40% de su población, condiciones que se suman a la violencia en esos países.
Hilda, migrante de Honduras, denuncia, "uno huye de su país porque uno no quiere ser suicidio de otra persona de los mareros, no queremos ver a nuestros niños que llegan a 10 11 años y los meten a fuerza a andar a las pandillas, a hacer asaltos a matar".
Por su parte, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, asegura, "el principal motivo de empuje de la migración mexicana es la violencia es el riesgo a perder la vida y las amenazas por parte del crimen organizado".
Este fenómeno no es nuevo, desde las últimas décadas del siglo pasado el continente lo ha padecido, pero ni Estados Unidos ni los países expulsores han logrado atender esta crisis humanitaria.
Aribel Contreras, analista internacional, apunta, "Estados Unidos avienta el problema a México pero México no cuenta con los recursos ni la infraestructura para hacer frente a este rol de tercer país seguro. Es como una papa caliente, todos se echan la pelotita, nadie quiere asumir la responsabilidad y no sabemos qué posibles soluciones se van a dar".
Se desconoce el número total de migrantes en México y Centroamérica que buscan el sueño americano, pero se estima un flujo de 3 millones cada año.
2022 se convirtió en el año más mortífero para indocumentados en la frontera.
Mientras la estadística de tragedias migrantes aumenta.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo lunes 5 de mayo a partir de las 22:00 horas el tramo comprendido entre Ámbar y Granate, en sentido de poniente a oriente, será cerrado completamente debido a trabajos de sustitución en la red de alcantarillado.
Las obras durarán alrededor de un mes, la intervención se llevará a cabo en los carriles laterales, lo que obligará a desviar el tráfico hacia los carriles centrales. El SIAPA asegura que ya se inició con la socialización del proyecto entre vecinos y comerciantes.
A decir del organismo operador, no habrá afectaciones en el suministro de agua potable para los residentes de la colonia Residencial Victoria, a pesar de la magnitud de la intervención.
Durante el tiempo que duren las obras se instalará señalización, bandereros y alumbrado provisional para evitar accidentes, y se contará con apoyo del personal de vialidad de la Secretaría de Transporte.
Siete rutas del transporte público entre ellas la C104, T04-B y V01 se desviarán momentáneamente a los carriles centrales, pero sin modificar su trayecto general.
Del 3 al 5 de mayo el Centro Histórico de Guadalajara se convertirá en un patio de juegos infantiles donde los niños podrán disfrutar de actividades como obras de teatro, brincolines y exposiciones.
Como parte de las celebraciones por el Día del Niño, el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, realizarán el Festival "Guadalajara Juega" y "La Fiesta de las Niñas y los Niños". La Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que se busca impactar a 10 mil niñas y niños de Guadalajara y su zona metropolitana.
El Festival "Guadalajara Juega" incluye la instalación de un tobogán acuático con espejos de agua constante, maquillaje infantil, un inflable con brazos rotadores, juegos tradicionales como las tablitas mágicas, inflables gigantes, juegos interactivos de luces, alberca de pelotas y módulos de activación. Además habrá puntos de hidratación.
Las actividades incluyen además un escenario con presentaciones artísticas y escénicas de compañías locales. El 3 de mayo a las 9:30 horas, se hará la presentación oficial de "Brisa", un personaje que se encargará de llevar a las niñas y niños tapatíos un mensaje sobre la importancia de tener un espacio público limpio, para que se sumen al pacto de Limpia Guadalajara.
