El empresario Alejandro Irarragorri, conocido por ser dueño del Grupo Orlegi y los clubes de fútbol Santos Laguna y Atlas, se encuentra en el ojo del huracán ante una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal que asciende a cerca de 17 millones de pesos.
Según las autoridades fiscales, Irarragorri habría utilizado artimañas para evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios de jugadores que formaron parte del Santos durante los primeros meses de 2017. Esta maniobra supuestamente involucra el registro irregular de pagos como primas por riesgo de trabajo, evadiendo así el pago correspondiente de impuestos.
La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, ha puesto bajo la lupa la gestión financiera de Irarragorri y sus empresas. Se estima que estas acciones fraudulentas han generado un perjuicio económico considerable al fisco mexicano.
La respuesta de Grupo Orlegi no se ha hecho esperar, expresando su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer la situación. Sin embargo, la controversia persiste, especialmente ante la próxima audiencia programada para el 19 de febrero, donde se espera que se dilucide el presunto fraude fiscal.
En medio de este escándalo, el juicio de amparo presentado por Santos Laguna ha logrado obtener una suspensión provisional que permitirá a la defensa del club acceder a la carpeta de investigación de la FGR. Esta medida legal busca garantizar la transparencia y el derecho a la defensa en el proceso judicial.
El caso de Irarragorri Gutiérrez ha generado un debate sobre la integridad financiera en el mundo del fútbol mexicano, así como la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en las operaciones económicas de los clubes deportivos. La resolución de la jueza Castellanos Barradas marca un hito en este caso, al abrir la puerta a una mayor claridad sobre los hechos y las responsabilidades involucradas.