Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que analiza los primeros 100 días del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, periodo que culmina el 30 de abril de 2025
Según la organización, este lapso ha estado marcado por una serie de acciones que vulneran, amenazan o socavan los derechos humanos tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
La ONG documentó 100 medidas perjudiciales implementadas por la administración Trump, que abarcan ataques a la libertad de expresión, restricciones a los derechos de solicitantes de asilo e inmigrantes, recortes en la protección ambiental y social, así como afectaciones en la educación, la ayuda internacional y el Estado de derecho.
Uno de los casos más emblemáticos señalados por HRW es la deportación ilegal de Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño, a su país de origen
Además, la organización denuncia que otros inmigrantes han sido expulsados a El Salvador en circunstancias que constituyen desaparición forzada, mientras que solicitantes de asilo de diversas nacionalidades han sido enviados a Panamá y Costa Rica, violando normas internacionales.
Human Rights Watch también destaca que durante este periodo Trump ha atacado el derecho a la libertad de expresión y reunión, incluyendo detenciones arbitrarias y el intento de deportar a activistas extranjeros por su defensa de causas como la relacionada con Palestina.
En el ámbito internacional, la administración estadounidense ha reducido de manera drástica la ayuda destinada a la protección de derechos humanos, abandonando programas que apoyaban a defensores de derechos, periodistas independientes y grupos que documentan violaciones y atrocidades en zonas de conflicto.
Tanya Greene, directora del programa para Estados Unidos de Human Rights Watch, enfatizó la importancia de estos derechos fundamentales y señaló que las protestas en el país evidencian la relevancia de protegerlos ante políticas que los ponen en riesgo
El informe de HRW también alerta sobre una campaña que socava programas de diversidad e inclusión dentro de Estados Unidos, lo que afecta principios de igualdad consagrados en la Constitución.
Estas acciones forman parte de una agenda que, según HRW, busca restringir el acceso al asilo, aumentar las deportaciones y limitar las protecciones para grupos vulnerables como los "Dreamers" y personas con estatus migratorio temporal, lo que podría generar consecuencias sociales y económicas tanto en Estados Unidos como en países vecinos.
