El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con ocho votos a favor y tres en contra, iniciar un procedimiento para revisar a los candidatos en la elección judicial, con el objetivo de identificar antes del 1 de junio si alguno de ellos cuenta con sentencias por violencia. Esta medida busca garantizar la integridad del proceso electoral y evitar que personas con antecedentes violentos ocupen cargos públicos
Sin embargo, esta revisión no impedirá que los candidatos señalados como presuntos violentadores participen en la contienda electoral. Antes de la jornada electoral, el INE solo difundirá un informe preliminar y continuará recibiendo pruebas. La información recopilada será utilizada para emitir, durante la sesión del 15 de junio, la declaración de validez de la elección y entregar las constancias de mayoría a los ganadores.
Los casos que se analizarán incluyen sentencias firmes por delitos intencionales contra la vida y la integridad corporal, violencia familiar, violencia política, delitos sexuales, así como situaciones de incumplimiento en obligaciones alimentarias. Esta revisión responde a la llamada "regla 8 de 8", establecida constitucionalmente para impedir que personas con antecedentes de violencia sean postuladas o lleguen a un cargo por voto popular.
Durante la sesión, se informó que los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, encargados de seleccionar candidaturas, solo solicitaron a los aspirantes un escrito bajo protesta de decir verdad sobre la ausencia de antecedentes violentos
En el caso del Poder Judicial, el comité encargado no concluyó su revisión, ya que fue disuelto prematuramente, lo que generó críticas por la falta de certeza en la aplicación de la "regla 8 de 8".
El proyecto, presentado por la consejera Claudia Zavala, establecía inicialmente el 12 de mayo como fecha límite para recibir denuncias ciudadanas sobre candidatos con antecedentes de violencia. Esta fecha se amplió para permitir la presentación de sentencias firmes hasta antes de la entrega de las constancias de mayoría, y los reportes previos serán considerados solo como informes.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, votó en contra del procedimiento y argumentó que la revisión de antecedentes ya fue realizada por los comités de evaluación, por lo que esta nueva medida vulnera la presunción de inocencia y excede las atribuciones del INE
Señaló que corresponde al Senado y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisar y sancionar cualquier incumplimiento que afecte la elegibilidad de candidatos. Taddei advirtió que imponer nuevas cargas a los candidatos durante las campañas podría sentar un mal precedente y afectar la equidad electoral.
