Por: Gastón García Miranda
La riqueza natural de México es incuestionable, ocupamos el décimo lugar mundial con más bosques.
Más del 70% de su territorio está cubierto por vegetación forestal. Son 64 millones de hectáreas de bosques y selvas. Un tesoro, sí, pero amenazado por la tala ilegal.
Los datos del gobierno ofrecen un panorama optimista en esta materia.
María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, "para el año 2021 México regresó a sus niveles de pérdida de cobertura forestal que se tenía hace 10 años, que era de 189 mil hectáreas a nivel nacional. Nunca se había tomado con tanta seriedad el trabajo de tala ilegal".
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, en 2021 y 2022 se hicieron más de tres mil inspecciones, 279 operativos y dos mil 700 recorridos de vigilancia, sin embargo, comuneros, ONG's y expertos coinciden en que la tala ilegal es un delito que no ha podido erradicarse.
Leopoldo Torres Ramos, primer secretario de Vigilancia y comisariado de Bienes Comunales en San Miguel Atlautla, Estado de México, solicita, "habrá que investigar y habrá que poner responsabilidades a las autoridades que están al frente y que están corrompidas con ellos".
Apenas en febrero pasado, la presidencia envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para aumentar las penas a quienes incurren en este delito; pero de poco sirve reformar las leyes si no se tienen los recursos humanos y económicos, para hacerlas valer.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), encargada de proteger los recursos naturales, opera este año con 830 millones de pesos, 25% menos que en 2015.
La Comisión Nacional Forestal cuenta con dos mil 500 millones de pesos, equivalentes a menos de la mitad de los montos registrados en 2008 y 2015.
Y la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas, que opera con 930 millones, muy por debajo presupuesto recibido en 2018.
Los expertos emiten una voz de alerta y llaman a actuar desde la sociedad civil.
Luis Fueyo, consultor ambiental, "Necesitamos de manera urgente retomar iniciativas que debemos empujar desde la sociedad civil para tener disponible una política ambiental fuerte, de largo plazo, que permita revertir todos los problemas ambientales que se han profundizado en los últimos años".
Urge reclamar un medio ambiente sano, derecho consagrado en la Constitución.