Centrum sancionada por inflar precios al IMSS, pagará $108 millones
La empresa Centrum Promotora Internacional, especializada en análisis clínicos, y dos de sus exdirectivos deberán pagar 108 millones 629 mil pesos en multas por participar en prácticas monopólicas al ofrecer precios elevados por sus servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Esta decisión fue tomada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aprobó un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Los ministros votaron de manera unánime para confirmar la sentencia de un juez federal que desestimó el amparo solicitado por la empresa y sus colaboradores, quienes buscaban evitar las sanciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El IMSS presentó una denuncia ante la Cofece en marzo de 2016, alegando que diversas entidades estaban involucradas en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de laboratorio y banco de sangre. Cuatro años después, la Cofece determinó que el IMSS tenía razón y aplicó sanciones económicas a los responsables.
Centrum recibió una multa de 105 millones 105 mil pesos, mientras que dos excolaboradores fueron sancionados con 2 millones 103 mil pesos y un millón 421 pesos, respectivamente
La empresa y sus exdirectivos impugnaron la decisión mediante un juicio de amparo, argumentando que las pruebas utilizadas por la Cofece eran ilegales, ya que incluían comunicaciones privadas y documentos electrónicos, lo cual vulneraba principios jurídicos fundamentales como el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. También cuestionaron cómo se configuraron las prácticas monopólicas y la aplicación retroactiva de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) promulgada en 2014. Sin embargo, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, rechazó su solicitud de amparo.
El proyecto presentado por la ministra Batres subrayó que las normas procesales y de investigación del ámbito penal no son aplicables a asuntos administrativos destinados a combatir prácticas monopólicas. La Segunda Sala de la SCJN determinó que los principios del derecho penal acusatorio no son pertinentes en este tipo de procedimientos administrativos sancionatorios.
Este caso es parte de una serie más amplia que involucra a varias empresas acusadas de coludirse para fijar precios y repartirse contratos relacionados con servicios médicos. La Cofece ha estado trabajando para desmantelar estas prácticas anticompetitivas que han perjudicado al sistema nacional de salud.
En total, se estima que estas empresas han cobrado sobreprecios que ascienden a más de mil 200 millones de pesos al IMSS y al ISSSTE a lo largo de varios años
