Activistas y migrantes advierten sobre el impacto que podría tener la política migratoria del futuro gobierno de Donald Trump, especialmente en la frontera de México y en la economía de Estados Unidos.
De acuerdo con expertos, las deportaciones masivas que Trump ha propuesto, junto con posibles restricciones a las visas temporales, podrían exacerbar la inflación en Estados Unidos y generar aún más presión sobre los migrantes en la frontera.
La administración Biden, por su parte, ha ampliado el programa de visas H-2B, destinadas a trabajadores temporales no agrícolas, en 64,000 permisos adicionales para el año fiscal 2025. Este programa, que se añade a los 66,000 permisos que el Congreso autoriza anualmente, busca atender la creciente demanda de mano de obra en sectores clave como la hostelería, construcción, jardinería y procesamiento de alimentos, entre otros.
Sin embargo, esta medida podría verse amenazada por el futuro gobierno de Trump, quien ha manifestado su intención de restringir estas visas.
Trump ha advertido sobre su plan de utilizar al Ejército para llevar a cabo deportaciones masivas y ha anunciado su apoyo a políticas que restrinjan aún más las visas H-2B. Esto podría poner en riesgo la estabilidad de sectores que dependen de la mano de obra temporal, afectando no solo a los migrantes, sino también a la economía estadounidense.
En contraste, la administración Biden ha intentado recuperar un enfoque más amigable con la migración laboral, similar al que se implementó en los años 40 con el Programa Bracero.
De las 64,000 visas adicionales anunciadas por Biden, al menos 20,000 se asignarán a trabajadores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras, además de Haití. El objetivo es ofrecer alternativas legales de migración para reducir los flujos irregulares y aliviar la presión sobre la frontera sur de Estados Unidos. El resto de las visas se distribuirá entre otras regiones, priorizando a empleadores que demuestren una necesidad urgente de trabajadores.
Sin embargo, la medida de Biden no ha estado exenta de críticas. Aunque muchas asociaciones empresariales la han celebrado, algunos expertos en derechos humanos y trata de personas han señalado que el programa podría fomentar la explotación laboral. En respuesta, el gobierno estadounidense ha prometido una mayor vigilancia para garantizar que las leyes laborales se cumplan de manera estricta, con inspecciones más frecuentes y sanciones más severas para los empleadores que incumplan las normas.
La situación es incierta, y mientras los migrantes continúan buscando oportunidades en Estados Unidos, las políticas del futuro gobierno de Trump podrían cambiar drásticamente las reglas del juego, afectando tanto a los trabajadores temporales como a la economía de los dos países.