Abuso de autoridad, un delito que poco se castiga
El estado de Guerrero hasta 2013 había documentado 57 denuncias de abuso de poder contra elementos de diferentes corporaciones, informó Hipólito Lugo Cortés visitador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos durante el foro Tortura de ayer, impunidad de siempre, realizado en la Universidad Autónoma de Guerrero y organizado por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Se detalló que 47 de las quejas fueron contra agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), seis contra la Secretaría de Seguridad Pública y Protección estatal, y cuatro contra policías municipales.
Desde entonces a la fecha la violación de garantías individuales en Guerrero no ha cambiado, el caso más sonado y sigue doliendo a los Guerrerenses es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, que en las investigaciones se detuvo a elementos de la policía municipal de Iguala y Cocula por contubernio con integrantes de un grupo delictivo a quiénes le fueron entregado los jóvenes, también los padres de los desaparecidos pidieron la revisión del cuartel militar porque desde ahí se arrojó que salió una llamada desde el teléfono de uno de los jóvenes y recientemente se giraron 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero por los delitos de delincuencia organizada y que fungieron durante ese tiempo, aunque hoy se sabe que las órdenes no serán aplicadas.
De este caso, se detuvo al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, a esta última hace cuatro días se les dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
También se detuvieron a 111 personas entre policías, y civiles de la delincuencia organizada.
En Guerreo se expidió el Código de Ética de los Servidores Públicos de Estado de Guerrero, al que deberán sujetarse los servidores de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los servidores públicos deberán conducirse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
De no conducirse de eso modo se verán sujetos a la Contraloría del nivel que representa municipal, estatal para determinar la falta administrativa, de estar en presencia de un delito la Contraloría es quien da aviso a l Misterio Público, pero también los agraviados pueden recurrir directamente al organismo de justicia del Estado para levantar su denuncia.
En el código penal del estado de Guerrero, se establece una sanción como la suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos, funciones o empleos, cuando así se requiera es la inhabilitación que implica la incapacidad temporal o definitiva para obtener o ejercer aquéllos.
La violación de garantías individuales en Guerrero se sigue presentado y las quejas que se difunden son contra los cuerpos policiacos, que poco se sabe sobre la sanción o inhabilitación de su función, por ello la población en general ha manifestado que confía poco en las corporaciones.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 quejas sobre presuntos abusos militares. Entre enero y julio de 2019, recibió 241 quejas de este tipo.
En el estado de Guerrero, de enero a junio de 2020 se han recibido, 72 actas y 102 quejas.
