Las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado de México aprobaron la extinción de siete organismos autónomos, lo que ha generado una fuerte controversia entre los distintos partidos políticos.
Los organismos afectados por esta decisión son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Esta medida ha sido fuertemente criticada por figuras de oposición. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que la iniciativa representa un ataque contra los derechos ciudadanos que estos organismos habían protegido, como la transparencia, la competencia económica y la protección de datos personales. "Estamos frente a una propuesta que debilita a la gente, eliminando los mecanismos que nos han permitido defendernos, informarnos, indignarnos y con esa indignación, tomar decisiones", aseguró el legislador.
Por su parte, el senador de Morena, Ignacio Mier, defendió la propuesta, argumentando que se trataba de una medida para desmantelar lo que consideró un "andamiaje simulado" que beneficiaba a intereses económicos y a la oligarquía, tanto nacional como extranjera. Afirmó que, a través de la desaparición de estos organismos, se recupera para México el control sobre sus instituciones y se busca revertir las políticas neoliberales que, según él, han concentrado el poder en manos de unas pocas familias en detrimento del bienestar del pueblo.
El senador del PT, Gonzalo Yáñez, también se sumó al debate, señalando que muchos de estos organismos fueron creados durante la era neoliberal, y cuestionó su verdadera autonomía al apuntar que no estaban alejados de los intereses económicos dominantes, a pesar de ser independientes del Estado.
La oposición también ha cuestionado la rapidez con la que se están tomando estas decisiones. La senadora del PRI, Claudia Anaya, pidió a Morena y sus aliados no legislar con prisas, destacando que los organismos que proponen desaparecer tienen un papel crucial en la evaluación y la garantía de los derechos de los ciudadanos. En particular, mencionó a MeJoredu y Coneval, que se encargan de evaluar las políticas públicas en educación y desarrollo social, funciones que considera necesarias para el bienestar de la población.
En el mismo tono, Carolina Viggiano, también del PRI, expresó su preocupación por la desaparición de organismos que han sido fundamentales para la democracia y las libertades en México. Afirmó que, a pesar de la propuesta de extinción, el Banco de México, que tiene más de un siglo de existencia, se mantiene intacto, destacando la importancia de algunas instituciones en el fortalecimiento de la democracia.
Esta propuesta sigue generando un intenso debate en el Senado, y aunque la decisión ha sido aprobada en comisiones, se espera que continúen los enfrentamientos entre las fuerzas políticas a medida que avanza el proceso legislativo.