La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) realizó una denuncia en contra de Aerovías de México, S.A. de C.V. (Aeroméxico) por presunta inconstitucionalidad de varias cláusulas en sus contratos, el día de hoy, se dictó la resolución
La reciente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un debate significativo en el ámbito laboral y de derechos humanos en México. En una votación dividida de tres a dos, la corte desechó el amparo directo en revisión 4883/2024, promovido por la ASPA. Este amparo buscaba analizar la posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad de varias cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2024 firmado con Aeroméxico.
El sindicato argumentó que las cláusulas en cuestión vulneraban los derechos de igualdad laboral y no discriminación, tal como se estipula en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Mexicana. En particular, ASPA señaló que el contrato establecía condiciones laborales diferentes para los trabajadores que ingresaron a Aeroméxico después de diciembre de 2010, lo que consideraron una clara violación a sus derechos. Por su parte, Aeroméxico defendió su posición argumentando que estas distinciones eran necesarias durante un periodo crítico para la empresa, donde se requerían medidas de austeridad para evitar su quiebra.
En lo que va del año 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido 1,677 quejas contra Aeroméxico, lo que indica un notable nivel de insatisfacción entre los pasajeros también
El caso llegó a la SCJN después de que un tribunal federal determinara que era responsabilidad del sindicato demostrar que Aeroméxico ya no enfrentaba riesgos financieros y que, por ende, las reducciones pactadas ya no eran justificables. El ministro Alberto Pérez Dayán fue asignado para elaborar el proyecto de resolución, en el cual propuso desestimar el amparo basado en la ineficacia de los argumentos presentados por ASPA.
Sin embargo, dos ministras, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel, votaron en contra de esta propuesta. La ministra Batres Guadarrama argumentó que el tribunal debió abordar el fondo del asunto, enfatizando que "el ejercicio de los derechos humanos es imprescriptible" y que se debía analizar si las cláusulas impugnadas afectaban efectivamente a los trabajadores.
La decisión también pone de relieve las tensiones entre las necesidades empresariales y los derechos laborales, especialmente en contextos donde las empresas enfrentan desafíos económicos
La respuesta al fallo ha sido variada. Mientras algunos sectores apoyan la decisión como un paso hacia la estabilidad empresarial y económica, otros critican la falta de consideración hacia los derechos laborales fundamentales. La discusión sobre este caso podría abrir nuevas vías para futuras litigaciones relacionadas con derechos laborales y condiciones contractuales.
Este mecanismo permite a los ciudadanos impugnar actos que consideran violatorios de sus derechos fundamentales ante instancias superiores. La SCJN ha sido clave en este proceso al ofrecer una plataforma para discutir temas críticos relacionados con derechos humanos y laborales.