Por: Gastón García Miranda
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, señaló el 18 de agosto de 2022, "Que la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de estado".
Es la conclusión preliminar de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, 8 años después de ocurridos los hechos.
En su informe, el coordinador de la comisión, Alejandro Encinas denunció la complicidad directa de mandos del ejército en la desaparición de los normalistas.
Destacó la historia del soldado que se infiltró entre los normalistas y cuya misión lo condujo a la muerte, ya que sus superiores lo abandonaron a su suerte. Se trató de Julio César López Patolzin.
"Desapareció junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que, de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes", agregó Encinas.
Horas después del informe, se giraron 83 órdenes de aprehensión. La FGR anunciaba que iría por mandos militares y personal de tropa.
Entre los vinculados a proceso figuraba el general brigadier José Rodríguez Pérez, señalado en el informe de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas.
El discurso oficial se centró en presumir la decisión de atreverse a proceder contra un grupo de oficiales del ejército.
Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ¿Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general?
¿Por qué entonces, la Fiscalía General de la República decidió cancelar 21 de las 83 órdenes de detención giradas, 16 de las cuales correspondían a las de militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada?
José Reveles, periodista especializado en temas de seguridad, comenta, "No hay que decir que la institución en sí está podrida porque ocurren estas cosas pero sí hay que hacer un castigo ejemplar en el caso de militares que atentan contra civiles desarmados ".
Así, de la verdad histórica, obtenida con torturas y fabricación de pruebas, pasamos a la conclusión del crimen de estado, creíble hasta que la FGR abrió paso a la impunidad y se sometió a la voluntad de las armas.
Ayotzinapa, una promesa sin cumplir.