Cierra consulta pública de proyecto ¿Qué sigue?

El acceso a la información es un derecho público

La transparencia debe ser autónoma del poder

Por: Abel Martínez (@AbelMartinezMX)

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, explica, "la parte de acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado, de los gobiernos, va a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo".

Después de 24 años, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, (INAI) queda atrás y surge "Transparencia para el Pueblo", un organismo de la Secretaría Anticorrupción, expertos afirman que perder la autonomía es delicado.

José Roberto Saucedo Pimentel, activista en temas de transparencia, señala "este sistema va a pasar por un filtro que le da un poder excepcional al Poder Ejecutivo porque es el que va a manejar y es el que va a controlar el mecanismo de acceso a la información".

Pero ¿qué teníamos y que tendremos?

El INAI surgió en 2002 como órgano descentralizado, fue el primer encargado de obligar a las dependencias federales a transparentar sus recursos.

Juan Ortíz, director de Lupa Legislativa MX, expone "la concentración de información era total, una época donde ni siquiera podíamos saber cuánto ganaba un funcionario público".

En 2014 el Congreso lo instituyó como órgano autónomo, para separarlo del gobierno y procurar imparcialidad.

Expertos afirman que fue un logro de la transición democrática, aunque admiten que era perfectible pues la designación de comisionados se politizó e hizo falta mayor rendición de cuentas.

César Gutierrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, destaca "el acceso a la información dentro de las instituciones nunca fue fácil, pero también vimos los escándalos que se llevaron a cabo, con varios de los representantes al interior del INAI, el uso discrecional de recursos".

Desde 2018 Morena denunció altos salarios de los comisionados y privilegios: viajes, despensa, colegiaturas, hasta choferes.

Sin embargo, el INAI fue clave en revelaciones de corrupción como la Estafa Maestra de SEDESOL, la Casa Blanca de Peña Nieto y el desfalco en SEGALMEX de López Obrador.

"No solamente es información para temas periodísticos, son cosas tan básicas como cuando el IMSS no te puede dar la información de tus semanas cotizadas para que accedas a la pensión que mereces", advierte Juan Ortíz.

En la clasificación global del derecho de acceso a la información, que evalúa a 136 países, México, con su legislación y el INAI, ocupo la segunda posición. Siendo referente por su autonomía y funcionamiento.

México pasa de un organismo autónomo, como funciona en España, Portugal o Chile, a un organismo dentro del gobierno, como en Bolivia, Costa Rica, Colombia o Brasil.

Adrián Alcalá, último comisionado presidente del INAI, puntualiza "no tiene que ser directamente un órgano autónomo constitucionalmente autónomo, pero tiene que tener autonomía e independencia del poder, de cualquier poder, del Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo".

Lo que parecía una campaña mediática se volvió realidad en Baja California Sur: dos jóvenes de Puerto San Carlos enfrentan cargos federales en EE. UU. tras intentar cruzar por mar.

Durante semanas, la promoción de la aplicación CBP One se movió en redes mexicanas como si fuera solo una campaña digital más. En el video  Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos,invitaba a las personas migrantes a autodeportarse "voluntariamente".

Aunque el mensaje fue presentado con tono institucional, pronto fue tachado de propaganda migratoria, disfrazada de asistencia humanitaria. El impacto mediático fue inmediato: miles de usuarios en redes sociales en México criticaron el contenido, pero pocos imaginaron que sus efectos podrían tocar tan de cerca a sus comunidades.

Hasta ahora.

En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el mensaje dejó de ser algo lejano y virtual. Julio César y Jesús Juan, dos jóvenes originarios de este puerto pesquero, fueron detenidos en San Diego, California, tras presuntamente intentar cruzar por mar. Hoy, enfrentan cargos federales por tráfico de personas y podrían ser condenados a pena de muerte, una posibilidad que ha estremecido a sus familias y a la comunidad entera.

Claudia García, cuñada  de Julio César, afirmó que lo que están haciendo con su familiar  y su amigo Jesús  no tiene nada que ver con justicia, sino con una estrategia política:

"Quieren tomarlos como ejemplo, como una manera de demostrar lo que Estados Unidos puede hacer con los migrantes. No es un proceso justo, es una advertencia disfrazada de juicio", señaló.

La respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada. Si bien se anunció la intención de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir la difusión de este tipo de contenidos, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de los jóvenes sudcalifornianos. Sus familias, mientras tanto, denuncian la ausencia de apoyo consular y la total incertidumbre sobre su situación legal.

Las severas políticas migratorias de la administración de Donald Trump impactaron  en las familias sudcalifornianas. Dos jóvenes originarios de Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, se encuentran enfrentando graves acusaciones en los Estados Unidos que podrían llevarlos a una condena de pena de muerte.

El pasado 30 de abril, Julio César Zúñiga y Jesús Juan Rodríguez decidieron dejar atrás sus hogares en busca de mejores oportunidades económicas. Ambos se dedicaban al buceo y la extracción de moluscos, una actividad que, debido a la creciente precariedad del sector, ya no les garantizaba sustento suficiente para sus familias. Ante la difícil situación, optaron por emprender un viaje hacia Tijuana con la esperanza de alcanzar el sueño americano.

"Ellos son de Puerto San Carlos, Baja California Sur. Hay muchos testigos que pueden confirmar que ellos trabajaban la almeja generosa, la almeja chocolate y otras especies", señaló Claudia García Osuna, cuñada de Julio César, quien relató cómo los jóvenes tomaron la decisión de salir de su puerto natal.

El trayecto comenzó por tierra, cruzando la península hasta llegar a las playas de Tijuana, donde abordaron una panga con la promesa de llegar a Estados Unidos por mar. Sin embargo, el 4 de mayo, la comunicación con las familias se interrumpió, desatando la preocupación de sus seres queridos.

Pocas horas después, los medios de comunicación de Estados Unidos informaron sobre el naufragio de una panga frente a las costas de San Diego. En las redes sociales circuló un video en el que se observaba a Julio y Jesús intentando rescatar a otras personas del mar. El saldo fue trágico: cuatro muertos, entre ellos una menor de edad, cuatro personas heridas y siete localizadas, mientras que los dos jóvenes fueron detenidos.

Hoy, los sudcalifornianos enfrentan cargos de tráfico de personas con resultado de muerte, un delito que podría costarles la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, urgió al Fiscal General a procesar a los detenidos, sugiriendo incluso la pena capital en su contra.

"Por lo que se les está juzgando a ellos, y lo que han hecho saber, pues es que están pidiendo una pena de muerte o cadena perpetua, lo cual se nos hace injusto porque ellos hasta el último momento ayudaron a las personas a salir del mar," expresó Claudia García Osuna, visiblemente afectada por la situación.

Las familias de los jóvenes sudcalifornianos solicitan  el apoyo del gobernador del estado, Victor Castro Cosío,asi como de  las autoridades mexicanas y estadounidenses para evitar que se conviertan en víctimas de lo que consideran un proceso injusto, con tintes políticos más que legales.

"Nosotros no pedimos que los dejen libres, pedimos que sea literalmente lo que les toca, pero que sea justo con ellos, no que sean injustos como lo están queriendo hacer hasta el día de hoy," subrayó García Osuna, quien agregó que la acusación está siendo manejada de manera que no corresponde a la realidad de los hechos.

A través de cartas y mensajes, los familiares de los jóvenes hacen un llamado a la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar que se haga justicia en este caso. "Es momento de apoyar y decir, vamos a apoyar a Julio César, a Iván, a extraditarlos a México, y si no es así, que sea simplemente la justicia, pero que no sea una injusticia," concluyó García Osuna.

Este medio intentó ponerse en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a nivel estatal y federal, quienes canalizaron la solicitud al Instituto Nacional de Migración (INM). Según informes del instituto, se brindó atención a las víctimas del naufragio y se estableció contacto con siete mexicanos que fueron localizados ilesos en custodia de las autoridades migratorias.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido ninguna declaración sobre el estado legal de los sudcalifornianos acusados y, a pregunta expresa, no se confirmó si Estados Unidos brindó aviso de la situación al consulado mexicano.

Los dos jóvenes siguen atrapados en un limbo legal, desprovistos de apoyo consular, sin la posibilidad de comunicarse adecuadamente debido a la barrera del idioma, y sin el acompañamiento de sus familias.A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su postura sobre políticas migratorias, hasta ahora no se ha pronunciado sobre este caso específico